La administración del gobernador Rogelio Frigerio dispuso la no renovación de 36 contratos temporarios en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una decisión que generó polémica pero que desde el Ejecutivo provincial y las autoridades del organismo insistieron en calificar como un proceso administrativo y no como despidos.

Desde la obra social explicaron que la medida se enmarca en una revisión general de contratos impulsada por la Provincia y remarcaron que los vínculos laborales vencieron y no fueron prorrogados. “No hubo bajas, sino contratos que llegaron a su término y no se renovaron”, señalaron oficialmente.

La explicación incluyó además una diferenciación controvertida: según indicaron desde OSER, se trata de “contratos de la política”, y aseguraron que aquellos casos en los que se pudo comprobar una tarea efectiva fueron revisados y, en algunos casos, renovados. La argumentación generó cuestionamientos por el criterio utilizado para definir la continuidad laboral.

El antecedente inmediato se remonta a comienzos de 2025, cuando la intervención del entonces Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) dejó sin efecto más de un centenar de contratos. El organismo había sido intervenido en diciembre de 2024, con el desplazamiento del directorio gremial, y la gestión interventora justificó la medida en un proceso de reorganización interna.

En aquel momento, el interventor Mariano Gallegos sostuvo que no se trataba de despidos sino de la aplicación de una nueva normativa sobre contrataciones temporarias, y aseguró que las cesantías alcanzaban a personas sin registración de asistencia, con incompatibilidades laborales o vinculaciones personales con exautoridades del organismo, aunque esas presuntas irregularidades no derivaron en denuncias formales.

Ahora, con la confirmación de que 36 contratos no fueron renovados en el inicio de 2026, el Gobierno provincial volvió a insistir en que la medida no implica una política de despidos. Según indicaron fuentes oficiales, la decisión forma parte de una revisión más amplia que alcanza a unos 100 contratos temporales dentro de la administración pública, sobre un total estimado de 1.700, lo que representa menos del seis por ciento del universo de contratados.

Desde el Ejecutivo destacaron que más del 94 por ciento de los contratos temporarios fueron renovados y que la continuidad de los servicios del Estado se encuentra garantizada. Sin embargo, la reiteración de estas decisiones vuelve a poner en debate el uso de las contrataciones temporarias y su impacto en la estabilidad laboral dentro del sector público entrerriano.