Legisladores nacionales de Unión por la Patria mantuvieron una reunión con representantes del Frente de Sindicatos Marítimos y Fluvial (FESIMAF) para analizar la situación de la Marina Mercante y advertir sobre el impacto que podrían tener las reformas impulsadas por el gobierno nacional sobre el empleo, los derechos laborales y la soberanía en el transporte fluvial y marítimo.

Del encuentro participaron dirigentes sindicales y diputados del bloque opositor, entre ellos Vanesa Siley y Sergio Palazzo, quienes expresaron preocupación por el avance de iniciativas que apuntan a desregular la actividad de cabotaje y modificar el régimen laboral del personal embarcado.

Tras la reunión, Siley sostuvo que el Gobierno “avanza contra una actividad estratégica para la soberanía nacional”, y alertó sobre las consecuencias que tendría una eventual apertura del cabotaje a embarcaciones extranjeras. Según señaló, la medida pondría en riesgo puestos de trabajo, debilitaría la Marina Mercante y afectaría el desarrollo económico vinculado al transporte nacional.

Uno de los principales reclamos del sector marítimo está vinculado con la reforma laboral aprobada recientemente en el Congreso, que excluyó al personal embarcado de la protección contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo. Los sindicatos consideran que esa modificación implica una pérdida de derechos y una mayor precarización de la actividad.

Durante el encuentro, los dirigentes gremiales remarcaron que la exclusión del personal marítimo del régimen general laboral afecta condiciones históricas de protección para trabajadores que desempeñan tareas estratégicas y de alta complejidad operativa.

En ese marco, Palazzo informó que el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de “actualización laboral” destinado a revertir algunos puntos de la reforma impulsada por el oficialismo. Entre ellos, se incluye la derogación de los artículos que modificaron la situación del personal embarcado.

El legislador señaló además que los sindicatos marítimos manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría generar una futura ley de desregulación del cabotaje, una iniciativa que —según denunciaron— permitiría operar en aguas argentinas a barcos de bandera extranjera bajo condiciones laborales y tributarias distintas a las exigidas para empresas nacionales.

Desde el FESIMAF sostienen que una apertura de esas características pondría en desventaja a la flota local, afectaría miles de empleos y debilitaría la capacidad del país para sostener una Marina Mercante propia.

Los gremios también advirtieron que la pérdida de actividad nacional impactaría en la formación de trabajadores especializados y en la disponibilidad de embarcaciones estratégicas para situaciones de emergencia, logística o defensa.

El debate sobre el futuro del cabotaje y la Marina Mercante suma así un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos del transporte, en un contexto atravesado por la discusión sobre la reforma laboral, la apertura económica y el rol del Estado en sectores considerados estratégicos.