La intervenida Obra Social de los Peones Rurales volvió a quedar en el centro de la polémica tras la firma de un millonario convenio con una empresa vinculada familiarmente al núcleo de poder arbitral del fútbol argentino. El acuerdo, revelado en las últimas horas, abrió interrogantes políticos y sindicales sobre un posible acercamiento entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, liderada por Barracas Central y el titular de la AFA, Claudio Tapia.

El convenio fue suscripto el pasado 22 de mayo entre la obra social intervenida y la firma Reservin Patagonia SRL. Según el documento, la empresa se encargará de tareas de fiscalización y recuperación de ingresos para la entidad sanitaria a cambio de un pago fijo mensual de 68 millones de pesos, además de un porcentaje variable sobre la recaudación obtenida.

La intervención de OSPRERA se encuentra actualmente bajo la órbita de César Augusto Lococo, designado por el Gobierno nacional en medio del conflicto con la conducción sindical de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.

Vínculos con el arbitraje y sospechas políticas

Uno de los puntos que más ruido generó en el mundo sindical y futbolístico es la composición de la empresa contratada. La socia gerente de Reservin Patagonia SRL es Alejandra Beligoy, hermana de Federico Beligoy, actual director nacional de arbitraje y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros.

Federico Beligoy es considerado uno de los hombres de máxima confianza de Tapia dentro de la estructura arbitral del fútbol argentino y quedó en varias oportunidades bajo cuestionamientos por las designaciones arbitrales en torneos de Primera División y ascenso.

El convenio establece que Reservin percibirá un pago mensual fijo multimillonario aun cuando las estimaciones internas sobre mejora de recaudación aparecen considerablemente menores. De acuerdo con los cálculos incluidos en el acuerdo, el incremento de ingresos para la obra social oscilaría entre 3 y 8 millones de pesos mensuales, aunque la empresa además cobrará un 18% sobre los montos recuperados.

La magnitud económica del contrato despertó sospechas dentro del ámbito sindical, donde comenzaron a circular versiones sobre un posible acuerdo político más amplio entre sectores cercanos al Gobierno, la AFA y dirigentes vinculados al sindicalismo rural.

Una intervención bajo tensión

La intervención de OSPRERA se transformó desde fines de 2024 en uno de los focos de mayor conflictividad dentro del universo sindical. El Gobierno avanzó sobre la administración de la obra social en medio de denuncias cruzadas con el titular de la UATRE, José Voytenco, quien quedó desplazado del manejo de la entidad sanitaria.

Ahora, el nuevo contrato alimenta especulaciones sobre una eventual tregua entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA, en momentos en que el vínculo entre el oficialismo y Tapia parecía atravesar uno de sus puntos más tensos.

Por el momento no existen presentaciones judiciales vinculadas específicamente a este convenio, aunque en distintos sectores sindicales ya anticipan que el acuerdo podría derivar en futuras investigaciones administrativas y judiciales debido al volumen de recursos comprometidos y a los vínculos políticos que rodean la operación.