La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) puso en marcha un paro de 72 horas en toda la provincia en reclamo de una mejora salarial, la reparación de establecimientos educativos y la devolución de los descuentos aplicados por días de huelga. La medida de fuerza comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, profundizando un conflicto que lleva varios meses sin resolución.

La decisión fue adoptada por el Congreso Provincial del gremio luego de rechazar las últimas propuestas salariales presentadas por la administración del gobernador Claudio Vidal durante las negociaciones paritarias. Desde el sindicato sostienen que los ingresos actuales del sector docente continúan perdiendo frente al costo de vida y reclaman una recomposición que permita recuperar poder adquisitivo.

Además de la cuestión salarial, ADOSAC exige la reparación de escuelas que presentan problemas de infraestructura y cuestiona los descuentos realizados sobre los haberes de los trabajadores que participaron en medidas de fuerza anteriores. Para la organización sindical, esas deducciones constituyen una penalización al ejercicio del derecho a la protesta.

El conflicto se arrastra desde comienzos de año y ha incluido sucesivos paros y jornadas de protesta. Durante ese período, el gremio denunció que los aumentos otorgados no lograron compensar el impacto de la inflación sobre los salarios docentes, mientras que el Ejecutivo provincial argumenta que las ofertas realizadas se ajustan a las posibilidades financieras de la provincia.

La última propuesta presentada por el Gobierno contempló incrementos salariales escalonados para los próximos meses y un esquema de devolución de los días descontados. Sin embargo, la oferta fue considerada insuficiente por ADOSAC, que decidió mantener el plan de lucha y convocar a una nueva medida de fuerza.

La disputa salarial se desarrolla en un contexto económico complejo para Santa Cruz. Funcionarios provinciales reconocieron que las cuentas públicas atraviesan una situación delicada y advirtieron sobre la existencia de un importante déficit fiscal que condiciona la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas de distintos sectores.

En paralelo, el Gobierno provincial impulsa iniciativas destinadas a obtener financiamiento para afrontar compromisos futuros, mientras desde la oposición cuestionan el impacto que podrían tener esas decisiones sobre las finanzas provinciales en el largo plazo.

El escenario también exhibe tensiones con varios municipios, cuyos intendentes reclaman una mayor participación en la distribución de recursos provinciales para atender las demandas sociales y económicas de sus comunidades.

Con las clases afectadas por la nueva huelga, todas las miradas están puestas en la próxima instancia de negociación entre las partes. Tanto el Gobierno como el sindicato mantienen posiciones distantes, aunque existe expectativa sobre la posibilidad de alcanzar algún entendimiento que permita encauzar el conflicto y normalizar el ciclo lectivo en la provincia.