El Gobierno nacional profundizó su política de desregulación en la cadena láctea al retirar definitivamente a la actividad de los sistemas de control comercial que dependían de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 103/2026, publicada en el Boletín Oficial, y completa un proceso iniciado semanas atrás con la eliminación del Registro de Operadores Lácteos.

A partir de esta decisión, las industrias, usinas, depósitos y demás actores vinculados a la producción y comercialización de lácteos ya no estarán obligados a inscribirse ni a ser fiscalizados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, organismo que históricamente supervisaba aspectos administrativos y comerciales de la actividad.

La resolución modifica el alcance del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), que desde ahora quedará concentrado exclusivamente en el sector cárnico. De esta manera, el Estado nacional deja de exigir registros específicos para los operadores lácteos y reduce significativamente su participación en los mecanismos de control de la actividad.

La medida se produce en un contexto en el que distintos sectores de la industria observan con preocupación el crecimiento de la informalidad. Durante décadas, la matriculación obligatoria de los operadores funcionó como una herramienta destinada a identificar a los actores de la cadena y verificar el cumplimiento de requisitos comerciales, impositivos y administrativos.

El proceso de desregulación comenzó a acelerarse en junio, cuando el Ejecutivo dispuso la eliminación del Registro de Operadores Lácteos, vigente durante más de veinte años. En aquella oportunidad, las autoridades argumentaron que el sistema presentaba deficiencias operativas y carecía de herramientas efectivas para garantizar controles, auditorías y sanciones.

Desde el Gobierno sostienen que la simplificación administrativa busca reducir trámites y eliminar estructuras consideradas ineficientes. Según la fundamentación oficial, los mecanismos existentes no lograban asegurar la actualización ni la confiabilidad de la información relevada, por lo que resultaba necesario avanzar hacia un esquema más flexible.

Con la nueva resolución, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario restringe formalmente sus competencias al mercado de carnes, dejando de intervenir en la fiscalización comercial de la cadena láctea. Esto implica que las empresas del sector ya no deberán acreditar ante ese organismo el cumplimiento de determinadas obligaciones para desarrollar sus actividades.

Una particularidad de la medida es que el sistema informático conservará la denominación SIOCAL, pese a que ya no incluirá a los operadores lácteos dentro de su estructura. La decisión fue justificada por razones de continuidad administrativa y seguridad jurídica para los usuarios que continúan operando dentro de la plataforma.

La eliminación de estos controles reabre el debate sobre el equilibrio entre desregulación y fiscalización en actividades estratégicas para la producción de alimentos. Mientras el Gobierno defiende la reducción de la intervención estatal, algunos referentes del sector advierten que la ausencia de mecanismos de supervisión podría favorecer el crecimiento de prácticas informales en una industria que ya enfrenta desafíos vinculados a la competitividad y la rentabilidad.

Con esta decisión, el Ejecutivo completa una nueva etapa de su programa de desburocratización y redefine el papel del Estado en la supervisión comercial de una de las principales economías regionales del país.