El gobierno de Javier Milei ha propuesto una reforma migratoria que promete ser uno de los pilares de su gestión. Ante la Asamblea Legislativa, el presidente destacó la necesidad de un cambio radical en la política migratoria, que contempla una serie de medidas que podrían transformar la convivencia entre argentinos y extranjeros en el país.

En esencia, la propuesta busca que los extranjeros no residentes paguen por los servicios de salud y educación que utilizan. Además, se prevé una deportación más ágil para aquellos involucrados en delitos, un endurecimiento de las condiciones para obtener la radicación definitiva y un incremento en los controles fronterizos. Sin embargo, la medida ha desatado un intenso debate sobre los derechos humanos y la equidad de trato hacia los inmigrantes.

Desde el punto de vista del abogado Héctor Costa, la propuesta resulta profundamente problematica. Según él, “El arancelamiento de los servicios de salud y educación no es solo una medida económica, sino también una forma de crear una división entre ciudadanos y no ciudadanos. Esta política de discriminación podría generar tensiones sociales y un clima de rechazo hacia los extranjeros, cuando, en realidad, la diversidad cultural es una fortaleza de nuestra nación.”

El presidente, en su discurso, defendió estas medidas bajo el argumento de que Argentina ha sido "generosa" con los inmigrantes, pero ahora busca evitar que el país sea visto como un “centro de beneficiarios” que dependa del bolsillo de los argentinos. Si bien esta declaración refleja un sentimiento de protección hacia los recursos nacionales, Costa advierte que la iniciativa podría estar dirigida más a crear un chivo expiatorio en tiempos de crisis económica, en lugar de buscar soluciones constructivas.

“La ley actual ya establece que los inmigrantes tienen derechos iguales a los de los nacionales, y aunque algunas provincias han implementado cobros por servicios médicos a extranjeros, lo que se busca ahora es una política de exclusión, no de integración”, argumenta Costa. Según él, la ley debería ser más inclusiva, promoviendo políticas de integración social y económica que permitan a los inmigrantes contribuir activamente al desarrollo del país, en lugar de ser vistos como una carga.

En cuanto a la deportación acelerada de inmigrantes delincuentes, Costa señala que aunque los países tienen el derecho de proteger su seguridad, es fundamental que estas medidas se tomen con base en principios de justicia y respeto por los derechos fundamentales de las personas. "La deportación de personas debe seguir un proceso judicial adecuado y no convertirse en una herramienta para hacer política de seguridad", subraya el abogado.

La reforma también plantea endurecer las condiciones para obtener la radicación definitiva, lo cual podría generar una mayor burocracia y exclusión de aquellos que, pese a estar trabajando y viviendo en el país, no logran cumplir con los nuevos requisitos. Para Costa, esto podría dar lugar a una situación de precariedad laboral y social para una parte significativa de la población inmigrante, lo que contrasta con la idea de un país que fomenta la integración.

En resumen, el proyecto de ley migratoria impulsado por el gobierno de Javier Milei está marcado por un enfoque restrictivo que podría tener repercusiones profundas en la convivencia social y los derechos de los inmigrantes en Argentina. Mientras algunos lo ven como una medida necesaria para proteger los recursos del Estado, otros, como el abogado Héctor Costa, alertan sobre los peligros de crear una sociedad fragmentada, que discrimina y excluye a quienes más necesitan apoyo. La verdadera pregunta será si este enfoque será capaz de lograr un equilibrio entre seguridad, justicia y respeto por los derechos humanos.