El deterioro de los salarios universitarios comienza a tener consecuencias que van más allá de los ingresos de los trabajadores. El Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) alertó sobre la delicada situación financiera que atraviesan las entidades de salud del sector y advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones, podría verse comprometida su continuidad.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la combinación entre el atraso salarial superior al 30% y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario provocó una fuerte caída de los recursos destinados al sostenimiento de las obras sociales. La situación impacta directamente sobre un sistema que brinda cobertura médica a docentes, trabajadores nodocentes, jubilados y sus grupos familiares.

Desde COSUN explicaron que estas instituciones dependen fundamentalmente de los aportes y contribuciones que se descuentan de los salarios del personal universitario. Por ese motivo, la pérdida del poder adquisitivo no solamente afecta la economía cotidiana de los trabajadores, sino que también reduce los ingresos con los que se financian las prestaciones médicas.

Doce salarios perdidos y menos recursos para sostener la salud

Uno de los datos más preocupantes expuestos por el Consejo es la dimensión del deterioro salarial acumulado. De acuerdo con las estimaciones difundidas por la entidad, los trabajadores universitarios dejaron de percibir, en términos acumulados, el equivalente a 12 salarios como consecuencia de la falta de actualización de sus ingresos.

Esta pérdida tiene un efecto directo sobre el financiamiento de las obras sociales, que deben afrontar al mismo tiempo un escenario de aumento sostenido en los costos de medicamentos, tratamientos, prestaciones médicas e insumos sanitarios.

El organismo sostuvo que los gastos vinculados con la atención de la salud crecen por encima de los índices generales de inflación, mientras que los recursos que ingresan al sistema permanecen condicionados por salarios que no logran recuperar el terreno perdido.

En ese contexto, COSUN remarcó que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario profundiza el problema y reclamó que el Gobierno nacional garantice su aplicación efectiva.

Prestaciones restringidas y utilización de reservas

La advertencia del Consejo no se limita a una dificultad coyuntural de las administraciones. Según el comunicado, las obras sociales universitarias atraviesan una crisis de financiamiento que compromete su patrimonio y pone en discusión su capacidad para sostener el funcionamiento en el corto plazo.

Para evitar un deterioro todavía mayor, distintas instituciones debieron implementar medidas de emergencia. Entre ellas, mencionaron restricciones en determinadas prestaciones, utilización de fondos de reserva y mayores esfuerzos económicos por parte de los afiliados.

Desde la organización señalaron que estas alternativas permitieron sostener parcialmente la atención, pero advirtieron que no constituyen una solución de fondo frente a una estructura de ingresos cada vez más debilitada.

El escenario genera especial preocupación por las consecuencias que podría tener sobre los sectores más vulnerables de la comunidad universitaria, particularmente los jubilados y aquellos afiliados con menores ingresos, que dependen de la cobertura para acceder a tratamientos y servicios médicos.

El reclamo al Gobierno y al Poder Judicial

COSUN también puso el foco en las características del modelo de salud universitario, construido durante décadas sobre un esquema solidario, sin fines de lucro y administrado con participación de representantes de los propios trabajadores y de las universidades.

Según destacaron, se trata de un sistema basado en la cercanía con los afiliados y en la prestación de servicios de salud sin intermediarios, cuya continuidad consideran amenazada por el actual escenario económico y presupuestario.

Frente a esta situación, el Consejo realizó un llamado urgente al Poder Ejecutivo Nacional para que cumpla sin más demoras con la Ley de Financiamiento Universitario. También reclamó la intervención del Poder Judicial para garantizar su aplicación efectiva y resguardar los derechos de la comunidad universitaria.

Al mismo tiempo, convocó a docentes, nodocentes, autoridades universitarias y afiliados a fortalecer los reclamos colectivos y acompañar las medidas necesarias para sostener las instituciones.

El comunicado lleva las firmas de Gabriel Dadiego, presidente de COSUN; Gustavo Mondejar, vicepresidente; y Marcelo Galaverna, secretario.

La advertencia deja planteado un nuevo frente de preocupación para el sistema universitario: el ajuste sobre los salarios y el financiamiento de las universidades ya no compromete únicamente el funcionamiento académico, sino también la cobertura sanitaria de miles de trabajadores y sus familias. Para las obras sociales universitarias, el deterioro de los ingresos amenaza con convertir una crisis financiera en un problema estructural de acceso a la salud.