La política de reducción del Estado impulsada por el Gobierno nacional encontró un nuevo límite en los tribunales. La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó frenar la disolución de la Dirección Técnica de Metrología Legal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un área fundamental para el control y la certificación de productos y equipos utilizados diariamente en el país.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo del magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, y suspende la aplicación de la Resolución 213/2025, mediante la cual se había dispuesto el cese de los servicios de esa dependencia.

La decisión judicial prohíbe interrumpir, transferir o modificar las prestaciones metrológicas, así como trasladar, prestar o disponer de los equipos técnicos afectados a esas tareas.

El fallo representa un respaldo al planteo sindical frente al intento de modificar la estructura operativa del organismo y tiene consecuencias directas sobre los trabajadores, que deberán conservar sus funciones, categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al 28 de diciembre de 2025.

Rodolfo Aguiar: “Una vez más le ganamos a la motosierra”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la resolución judicial y destacó que el resultado no beneficia únicamente a los trabajadores del INTI, sino también a las pequeñas y medianas empresas y al conjunto de la sociedad que utiliza los servicios del organismo.

“Este fallo no es sólo en favor de ATE y los trabajadores del INTI, sino también de decenas de miles de pymes y del funcionamiento de una buena parte de la sociedad”, afirmó el dirigente.

En esa línea, cuestionó la política de desmantelamiento estatal y reivindicó la estrategia de confrontación sindical para frenar las medidas oficiales.

“Una vez más le ganamos a la motosierra. No tenemos que dar ni un paso atrás. Esto nos muestra que la única manera es confrontar”, expresó Aguiar.

El titular de ATE también sostuvo que la decisión judicial obliga al Estado a mantener la estructura, el presupuesto y la atención de los servicios involucrados. Además, consideró que el resultado demuestra que la organización colectiva puede poner límites a las políticas de ajuste sobre el sector público.

“Los que resignaban y decían ‘nos van a echar a todos’ no tenían razón. Está demostrado que si luchamos colectivamente, frenamos el desguace y desmantelamiento que pretenden llevar adelante en el Sector Público”, concluyó.

Qué funciones cumple el área que el Gobierno buscaba disolver

La Dirección Técnica de Metrología Legal desarrolla tareas esenciales para garantizar que distintos instrumentos de medición funcionen correctamente y cumplan con las normas de seguridad y precisión.

Entre sus responsabilidades se encuentran los controles y certificaciones de alcoholímetros, equipos de fotomultas, balanzas comerciales y surtidores de combustible, entre otros dispositivos que tienen impacto directo en la vida cotidiana de la población.

También interviene, junto con el área de certificación correspondiente, en controles vinculados con la seguridad y las condiciones de higiene de productos como vacunas y medicamentos.

Se trata de funciones que requieren conocimientos técnicos específicos, equipamiento especializado y procedimientos de evaluación que permitan garantizar la confiabilidad de los resultados.

La resolución que ahora quedó suspendida contemplaba la disolución de estas estructuras y el traslado de su personal a la Secretaría de Industria y Comercio, que debía absorber miles de expedientes relacionados con productos importados.

Desde ATE advirtieron que esa reorganización podía comprometer la capacidad técnica del organismo para evaluar productos y equipos que requieren controles especializados.

Un freno judicial al ajuste en el organismo

La cautelar representa un nuevo capítulo en el conflicto entre los trabajadores estatales y el Gobierno nacional por el futuro de los organismos públicos.

Para ATE, la resolución constituye una victoria sindical que permite preservar puestos de trabajo y evitar la pérdida de capacidades técnicas construidas durante años dentro del INTI.

El pronunciamiento judicial no sólo alcanza a la continuidad de los servicios de Metrología Legal, sino que también establece garantías laborales para los trabajadores afectados por la medida.

Mientras continúa la disputa por el funcionamiento y el futuro del organismo, desde el sindicato reivindicaron el resultado como una demostración de que la organización gremial y la vía judicial pueden convertirse en herramientas para frenar decisiones oficiales que afectan tanto al empleo público como a servicios estratégicos para la sociedad.