La vicepresidenta Victoria Villarruel puso en marcha un programa de alivio financiero destinado a los trabajadores del Senado, con el objetivo de facilitar la cancelación de deudas y reducir el peso de los compromisos financieros sobre los ingresos familiares.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Presidencial del Senado 0630/2026 y contempla adelantos excepcionales de hasta tres salarios netos, calculados sobre los haberes de octubre de 2026. El financiamiento tendrá una tasa de interés del 0%, sin comisiones ni gastos administrativos, y deberá ser reintegrado en un máximo de nueve cuotas mensuales.

El beneficio alcanza tanto al personal de planta permanente como al temporario de la Cámara alta. Los fondos podrán utilizarse para cancelar obligaciones contraídas con entidades gremiales, bancos públicos y privados, financieras habilitadas por el Banco Central y plataformas de financiamiento digital, incluidas billeteras virtuales.

Entre las deudas contempladas figuran las contraídas con los gremios APL, ATE y UPCN. En cambio, quedaron excluidos los compromisos correspondientes a créditos hipotecarios y prendarios.

Los empleados interesados tendrán tiempo de presentar sus solicitudes hasta el 20 de noviembre y deberán acompañar documentación de la entidad acreedora que certifique el capital adeudado, los intereses y el monto necesario para cancelar la obligación.

Un programa financiado con ahorros del Senado

Uno de los argumentos centrales de Villarruel para impulsar la iniciativa es que no implicará un gasto presupuestario adicional para la Cámara alta. Según explicó la vicepresidenta, los recursos provendrán de los ahorros generados durante su administración y de los fondos acumulados por recuperos.

En ese sentido, sostuvo que el programa utilizará aproximadamente el 9% de esos recursos y que el dinero será recuperado a través de las devoluciones de los trabajadores.

La decisión busca responder a una problemática que excede al ámbito legislativo: el crecimiento del endeudamiento de los hogares y las dificultades de muchas familias para cumplir con sus obligaciones financieras.

Como fundamento de la medida, el decreto incorpora indicadores del Banco Central. Según los datos citados en la normativa, a diciembre de 2025 unos 20,3 millones de personas tenían algún tipo de financiamiento, mientras que la irregularidad en los créditos familiares alcanzó el 12,8% en junio de 2026. En el caso de los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las fintech y billeteras virtuales, la morosidad llegó al 26,9%.

Una nueva diferencia con Javier Milei

La iniciativa también volvió a poner de manifiesto las diferencias políticas y discursivas entre Villarruel y el presidente Javier Milei.

Mientras el Gobierno nacional sostiene su defensa del programa económico y de los resultados de su política de estabilización, la vicepresidenta eligió poner el foco en el endeudamiento de los trabajadores y en las dificultades que enfrentan para sostener sus economías familiares.

Al presentar la medida, Villarruel dejó una definición que sintetizó su posicionamiento: «La usura está mal, el ahorro y la dignidad de los trabajadores está bien».

El lanzamiento del programa se suma a una serie de diferencias públicas entre ambos integrantes del Poder Ejecutivo, que vienen evidenciando un distanciamiento político cada vez más visible.

Más allá de la disputa interna, la decisión introduce un tema central en la discusión económica: el peso de las deudas sobre los salarios y la necesidad de herramientas que permitan a los trabajadores recuperar capacidad de pago sin profundizar su vulnerabilidad financiera.