La actividad yerbatera atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. En Misiones, alrededor de 50.000 familias que dependen de la producción de yerba mate enfrentan un escenario de creciente incertidumbre económica, con precios que no alcanzan a cubrir los costos y una rentabilidad cada vez más reducida.

El deterioro del sector se profundizó tras las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, que modificaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y le quitaron herramientas centrales para intervenir en la actividad, entre ellas la posibilidad de establecer precios mínimos de referencia para la materia prima.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), describió la gravedad de la situación y cuestionó el esquema económico que rige actualmente para los productores primarios.

«Hoy el productor trabaja a pérdida y para fundirse», sostuvo al explicar que los valores que reciben por la hoja verde están muy lejos de los necesarios para sostener la producción.

Los precios no cubren los costos de producción

De acuerdo con el diagnóstico de Petterson, el kilo de hoja verde debería pagarse entre $630 y $640 para cubrir los costos de producción, contemplando el impacto de la inflación y los últimos aumentos de los combustibles.

Sin embargo, los productores reciben actualmente entre $230 y $280 por kilo de hoja verde entregada en los secaderos. La diferencia expone una brecha que amenaza con dejar fuera del circuito productivo a miles de pequeños agricultores.

El dirigente también apuntó contra el impacto del proceso de desregulación y calificó las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023 como un golpe determinante para la economía de las chacras.

La situación resulta todavía más preocupante si se compara la participación histórica del productor en el precio final del producto. Según Petterson, el sector llegó a conservar históricamente entre el 8% y el 9% del valor del paquete de yerba en góndola, mientras que actualmente esa proporción habría descendido al 4%.

«En la peor época de la historia de la Argentina, aun así ganábamos más que hoy», expresó para dimensionar el retroceso que atraviesa la actividad.

Grandes molinos y acopiadores, en el centro de las críticas

Petterson cuestionó la distribución de los ingresos dentro de la cadena yerbatera y aseguró que los principales beneficiados por el esquema actual son los grandes molinos y acopiadores.

Según su planteo, la concentración del negocio permite que un grupo reducido de empresas retenga diferencias económicas importantes, mientras los productores primarios absorben los costos y las consecuencias de la caída de los precios.

El dirigente sostuvo que el crecimiento de determinados indicadores comerciales no se traduce necesariamente en mejores condiciones para quienes producen la materia prima.

En ese sentido, señaló que tanto las exportaciones como el consumo interno muestran señales de crecimiento, pero ese movimiento no repercute en los valores que reciben los agricultores por su trabajo.

La situación deja en evidencia una fuerte desigualdad dentro de la cadena productiva: mientras algunos sectores conservan márgenes de rentabilidad, miles de familias que sostienen la producción en las chacras misioneras enfrentan dificultades para continuar con la actividad.

Menos producción y familias al límite

El panorama económico también tiene consecuencias sobre el nivel de actividad. Durante 2026, la cosecha acumulada registra una caída interanual superior al 5%, en un contexto en el que numerosos productores acumulan deudas y algunos se ven obligados a buscar alternativas laborales fuera de sus establecimientos, incluso cruzando temporalmente a países vecinos.

La crisis amenaza con extenderse al conjunto de las economías regionales que dependen de la yerba mate, una actividad fundamental para el empleo, el movimiento comercial y la vida económica de numerosas localidades de Misiones.

Petterson también advirtió sobre el impacto social de la pérdida de ingresos y describió una realidad en la que la yerba mate, para algunos sectores vulnerables, se convirtió incluso en un sustituto de las comidas ante la imposibilidad de afrontar los gastos cotidianos.

La discusión sobre el futuro del sector vuelve a poner en primer plano el papel del Estado, la regulación de los mercados y la necesidad de garantizar condiciones que permitan sostener a los pequeños productores.

Con 50.000 familias dependiendo de esta actividad, la crisis yerbatera ya no representa solamente un problema de rentabilidad empresarial: pone en riesgo fuentes de trabajo, economías regionales y la continuidad de miles de unidades productivas. Mientras el Gobierno defiende la desregulación como mecanismo para mejorar la competitividad, desde el sector advierten que los beneficios del negocio no llegan a quienes producen la yerba mate.