La participación de Omar Maturano en el primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), realizado el 1° de mayo en Pilar, profundizó la crisis interna del sector transporte, aceleró su distanciamiento con Roberto Fernández y encendió señales de alerta dentro del Gobierno por el deterioro de un área clave para la vida cotidiana y el humor social.

El secretario general de La Fraternidad tuvo un rol central en la cumbre sindical y compartió espacio con dirigentes enfrentados a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), movimiento que fue interpretado en el entorno de Fernández como una ruptura definitiva de una histórica alianza entre ferroviarios y colectiveros.

La presencia de referentes opositores a la conducción de la UTA dentro del FreSU habría generado fuerte malestar en el círculo de Fernández, quien atraviesa un escenario de creciente tensión interna y cuestionamientos dentro de su propio gremio.

En paralelo, Maturano enfrenta una situación compleja tras la millonaria multa aplicada por el Ministerio de Capital Humano por una presunta violación de conciliación obligatoria durante el último conflicto ferroviario. Desde su entorno aseguran que la sanción pone en jaque la estabilidad económica del sindicato.

“Esa multa es impagable, es una medida que busca asfixiar al gremio”, deslizan cerca de La Fraternidad, donde también empiezan a surgir cuestionamientos internos sobre la estrategia política y jurídica adoptada frente al conflicto con el Gobierno.

En ese marco, el dirigente ferroviario mantuvo en los últimos días contactos con funcionarios del área económica en busca de una salida política o administrativa que atenúe el impacto de la sanción. Sin embargo, según trascendió, desde el Ejecutivo descartaron margen de maniobra y remitieron cualquier decisión al área que conduce Sandra Pettovello.

Lejos de retroceder, Maturano redobló la apuesta y en el plenario del FreSU lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional, pero también apuntó al peronismo y a sectores de la propia Confederación General del Trabajo (CGT), especialmente a “Los Gordos”, a quienes cuestionó por su influencia en la toma de decisiones de Azopardo.

Dentro del sindicalismo interpretan que el líder ferroviario busca construir una nueva cobertura política y gremial en medio de su aislamiento, tras su distanciamiento del barrionuevismo y la pérdida de centralidad de la UGATT como espacio de referencia.

Más allá de las disputas sindicales, el episodio volvió a poner el foco sobre el transporte como termómetro social. En el Gobierno siguen de cerca el creciente malestar de pasajeros en terminales de colectivos y estaciones ferroviarias, donde se multiplican quejas por demoras, deterioro del servicio y saturación.

En la Casa Rosada observan con preocupación el desgaste acumulado en un sector históricamente sensible durante contextos de ajuste económico. El transporte no solo concentra demandas laborales, sino que impacta de manera directa sobre millones de usuarios y suele funcionar como caja de resonancia del clima social.

La fragmentación gremial, la conflictividad creciente y el deterioro del servicio configuran así un escenario delicado para el oficialismo, que enfrenta nuevas tensiones en un área estratégica de alta exposición pública.