El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a cuestionar los reclamos de las universidades públicas y de los sindicatos del sector. Durante una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario negó que exista desfinanciamiento en las instituciones educativas y acusó a los gremios de organizar medidas de fuerza para extender los fines de semana.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la discusión presupuestaria para 2027, mientras continúa la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y las organizaciones del sistema educativo reclaman una recomposición de los salarios y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

En su intervención, Álvarez apuntó contra el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores y las representaciones sindicales. Según sostuvo, los reclamos presupuestarios exceden las previsiones del Poder Ejecutivo porque las universidades pretenden obtener aumentos salariales superiores a los contemplados por el Gobierno.

El funcionario también afirmó que los salarios de docentes y nodocentes se encuentran por encima del promedio de los trabajadores estatales nacionales, una comparación que utilizó para cuestionar las demandas de recomposición salarial.

Acusaciones contra los sindicatos por las medidas de fuerza

Uno de los momentos más controvertidos de la exposición llegó cuando Álvarez cuestionó la modalidad de las protestas universitarias. El subsecretario acusó a los gremios de coordinar las huelgas con los fines de semana largos y calificó esas medidas como «súper vacaciones todos los meses».

Además, aseguró que el presidente Javier Milei no ordenó cerrar universidades y responsabilizó a rectores y sindicatos por las interrupciones de actividades académicas.

Sus declaraciones se inscriben en una disputa que enfrenta al Gobierno nacional con las comunidades universitarias por la política salarial, los recursos destinados a las instituciones y las condiciones de funcionamiento del sistema público de educación superior.

Álvarez también cuestionó las estimaciones presupuestarias presentadas por el CIN. Mientras el organismo reclama alrededor de $11 billones, el proyecto del Ejecutivo contempla una asignación de $7,7 billones para el área, según las cifras expuestas durante el debate.

La Ley de Financiamiento Universitario, en el centro de la disputa

Otro de los ejes de la intervención fue la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuya aplicación enfrenta al Gobierno con las universidades y los sectores que reclaman su cumplimiento.

Álvarez defendió la posición del Poder Ejecutivo y sostuvo que, a criterio del Gobierno, la norma presenta incompatibilidades con la Ley de Administración Financiera y la legislación sobre ejecución presupuestaria.

«El Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre», afirmó el funcionario, al referirse también a la apelación presentada por el Gobierno ante la Justicia en el marco de la controversia.

El subsecretario cuestionó, además, las denuncias contra funcionarios nacionales y desafió a los legisladores opositores que reclaman la aplicación de la ley. En paralelo, criticó la participación de dirigentes políticos en las movilizaciones universitarias y los acusó de promover acciones que, según su interpretación, podrían derivar en situaciones de violencia.

Álvarez aseguró que no hay carreras ni edificios desfinanciados

En otro tramo de su exposición, el funcionario rechazó los cuestionamientos sobre el estado de las universidades públicas y afirmó que no existen edificios cerrados ni carreras sin financiamiento.

También defendió las transferencias realizadas por el Gobierno nacional para gastos de funcionamiento, salarios y programas especiales. Según su versión, la administración libertaria no registró demoras en la asignación de fondos ni en el depósito de los haberes.

Álvarez aseguró que, al asumir su gestión, encontró deudas pendientes vinculadas con gastos de funcionamiento y afirmó que comenzó a regularizar esas partidas.

Sin embargo, sus declaraciones se produjeron en un contexto de reclamos de rectores, docentes y nodocentes por la pérdida del poder adquisitivo, la actualización de los recursos universitarios y el cumplimiento de la legislación vigente.

Un conflicto que sigue abierto

La exposición del subsecretario volvió a dejar en evidencia la distancia entre el diagnóstico del Gobierno y los planteos de las universidades públicas y sus organizaciones gremiales.

Mientras el Ejecutivo defiende las partidas contempladas en el Presupuesto 2027 y cuestiona las demandas de mayores recursos, los sectores universitarios sostienen sus reclamos salariales y presupuestarios.

La discusión no se limita a la cantidad de fondos asignados: también comprende la evolución de los salarios, los gastos de funcionamiento y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese escenario, las declaraciones de Álvarez suman tensión a un conflicto que continúa sin una resolución de fondo y que mantiene a la educación superior pública en el centro de la disputa política y presupuestaria.