La caída del empleo registrado comienza a mostrar sus consecuencias más allá del mercado laboral. Las obras sociales sindicales atraviesan una creciente crisis financiera, producto de la reducción de sus aportantes y del aumento de las dificultades para sostener las prestaciones médicas de trabajadores y sus familias.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, reveló que 969.340 personas dejaron de contar con cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Se trata del nivel más bajo de afiliación desde que comenzó la serie estadística en 2016.

El retroceso está directamente relacionado con la pérdida de puestos de trabajo registrados. Según el relevamiento, durante el período analizado desaparecieron 132.323 empleos privados formales, una caída del 2,1%, y otros 29.533 puestos en el sector público, equivalente al 0,9%.

Si se toma como referencia el inicio de la gestión de Javier Milei, el deterioro es todavía mayor: se perdieron 253.049 empleos privados registrados y 87.313 puestos estatales.

La consecuencia es que miles de trabajadores dejan de realizar aportes al sistema de seguridad social y, en muchos casos, sus familias también pierden el acceso a una cobertura médica privada. De acuerdo con el IAG, unas 1.048.770 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud durante el último año.

El fenómeno también se refleja en los registros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Desde 2023 hasta septiembre de 2026, las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios, con caídas particularmente pronunciadas en algunas actividades.

Entre los sectores más afectados aparecen Comercio, cuya obra social OSECAC registró una reducción del 23,7% de sus beneficiarios; el sector estatal, con una caída del 26% en OSPCN; y Construcción, donde OSPeCon perdió el 27,4%. Incluso en el sector petrolero se verificó un retroceso del 6,2%.

La deuda del Estado y los fondos que reclama el sindicalismo

A la pérdida de aportantes se suma otro factor que preocupa a las organizaciones gremiales: la deuda que el Estado nacional mantiene con las obras sociales, estimada por sectores sindicales en unos 688.000 millones de pesos.

El reclamo apunta a recursos que, según denuncian los gremios, permanecen retenidos por el Ministerio de Economía y deberían destinarse al financiamiento de las prestaciones de salud.

En ese contexto, alrededor de 50 organizaciones sindicales, encabezadas por Luis Barrionuevo y con el respaldo de Armando Cavalieri, preparan una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La disputa incluye fondos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se encuentran depositados en un plazo fijo del Banco Nación, y otros recursos que el Gobierno mantiene colocados en fondos comunes de inversión, vinculados con obligaciones correspondientes a los aportes de afiliados voluntarios.

Desde el movimiento obrero advierten que la combinación entre la caída de los aportes y la falta de disponibilidad de esos recursos obliga a las entidades a utilizar fondos propios para sostener la atención médica.

Uno de los casos que refleja la magnitud del problema es OSECAC, la obra social de los empleados de Comercio, que el año pasado necesitó un respaldo financiero de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), mediante transferencias de 2.000 millones de pesos mensuales durante un año.

Monotributistas: otro frente de presión para las obras sociales

La situación se agrava por la atención de los trabajadores monotributistas, cuyos aportes no alcanzan para cubrir los costos de las prestaciones médicas.

Según los números difundidos por la CGT, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) ronda los 80.000 pesos, mientras que el aporte de un monotributista a la obra social se ubica aproximadamente en los 20.000 pesos.

Esta diferencia genera un desequilibrio financiero que termina trasladándose al conjunto del sistema. Las entidades deben garantizar la atención de estos afiliados, aunque los recursos que reciben no alcanzan para cubrir el costo de las prestaciones.

Entre las alternativas que analizan algunos sectores sindicales aparece la posibilidad de crear una obra social específica para monotributistas, con un esquema de financiamiento que permita garantizar la cobertura sin comprometer los recursos de las entidades existentes.

Las prepagas también pierden afiliados por el aumento de las cuotas

La crisis no afecta únicamente a las obras sociales sindicales. El sector de la medicina prepaga también registra una reducción de usuarios, en un escenario marcado por los fuertes incrementos de las cuotas desde la desregulación impulsada mediante el DNU 70/23.

De acuerdo con el cálculo del Instituto Argentina Grande, los aranceles de las prepagas aumentaron un 499,7% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, frente a una inflación acumulada del 344% en el mismo período.

La diferencia entre ambos indicadores refleja el impacto que tuvieron los aumentos sobre los presupuestos familiares y las dificultades de numerosos usuarios para sostener sus planes de salud.

En este escenario, un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, fechado el 30 de octubre de 2026, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, en una causa vinculada con Swiss Medical.

Los jueces Carlos Alberto Vallefín y Emilio Santiago Faggi consideraron que el Poder Ejecutivo no había acreditado las circunstancias excepcionales necesarias para justificar modificaciones legislativas mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La resolución también estableció que la Superintendencia de Servicios de Salud debe recuperar sus facultades de fiscalización y autorización de los aumentos de las cuotas.

Un sistema sanitario bajo presión

La pérdida de casi un millón de personas con cobertura privada en apenas un año expone la dimensión de un problema que combina deterioro del empleo formal, caída de los aportes, aumento de los costos médicos y dificultades financieras de las entidades prestadoras.

Para los sindicatos, el escenario representa una amenaza directa a la capacidad de las obras sociales para garantizar la atención de sus afiliados. Mientras se multiplican los reclamos por los fondos adeudados y se buscan alternativas para sostener las prestaciones, la reducción de los puestos de trabajo registrados continúa debilitando la principal fuente de financiamiento del sistema.

La crisis, por lo tanto, excede las cuentas de las obras sociales: pone en discusión el acceso a la salud de millones de trabajadores y sus familias en un contexto de transformación del mercado laboral argentino.