La situación judicial del dirigente metalúrgico Abel Furlán sumó un nuevo capítulo. La Justicia federal dispuso citarlo a declaración indagatoria, junto con Soledad Calle, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de los recursos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de su obra social, OSUOMRA.

La decisión fue adoptada mediante una resolución fechada el 6 de noviembre por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría 24. La investigación busca determinar si existió una maniobra de administración infiel que habría provocado un perjuicio económico a las entidades sindicales y generado beneficios indebidos para la firma privada USEM S.A.

El expediente tiene como uno de sus principales ejes un contrato firmado el 27 de febrero de 2023 entre la UOM, su obra social y la mencionada empresa. El acuerdo, establecido por un plazo de diez años, contemplaba la prestación de servicios vinculados con la gestión operativa de fondos provenientes de los aportes sindicales y de los circuitos de pagos de la obra social.

De acuerdo con la hipótesis judicial, el convenio habría otorgado a USEM S.A. facultades sobre la administración de cuentas bancarias y la intervención en los procedimientos de autorización y validación de desembolsos.

Un contrato bajo sospecha y posibles conflictos de intereses

Uno de los aspectos centrales que analiza la Justicia es la conformación societaria de USEM S.A. La empresa había sido constituida el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de la firma del acuerdo con las organizaciones sindicales.

Según la documentación incorporada a la causa, sus accionistas eran Adalberto Braconi, quien se desempeñaba como presidente, y María Soledad Calle, directora suplente y empleada de la propia UOM al momento de la contratación.

El magistrado puso el foco en la ausencia de constancias sobre una compulsa de precios, una comparación de ofertas o procedimientos destinados a garantizar la transparencia de la contratación y evitar eventuales incompatibilidades.

También se cuestionaron las condiciones económicas del convenio, particularmente el sistema de remuneración porcentual y las diferencias establecidas en las facultades de rescisión contractual. Para los investigadores, estos elementos podrían haber generado condiciones desfavorables para los intereses patrimoniales del sindicato y de su obra social.

Otro punto bajo análisis es el funcionamiento efectivo de la empresa. La resolución sostiene que, durante la ejecución del contrato, USEM S.A. habría tenido una participación limitada a recibir instrucciones y precargar operaciones, sin que existieran elementos suficientes para acreditar el cumplimiento de tareas centrales de análisis, auditoría y validación de obligaciones de pago.

La Justicia también observó la relación entre la reducida estructura operativa de la firma y los márgenes de rentabilidad que habría obtenido. Estas circunstancias alimentan la sospecha de posibles sobrecostos financiados con recursos de las entidades sindicales.

Inhibición de bienes e investigación de viajes al exterior

Además de convocar a indagatoria a Furlán y Calle, el juez dispuso una serie de medidas cautelares para resguardar el patrimonio y garantizar el desarrollo de la investigación.

Entre ellas figura la inhibición general de bienes de los seis acusados y de la propia Unión Obrera Metalúrgica. También se ordenó el bloqueo de cajas de seguridad y la prohibición de modificar la composición accionaria de USEM S.A.

Por otra parte, el expediente incorpora una línea de investigación vinculada con los movimientos migratorios y los viajes al exterior realizados por Abel Furlán, Soledad Calle, Adalberto Braconi y Lobato durante el período de ejecución del contrato.

El objetivo es determinar si esos desplazamientos fueron financiados, directa o indirectamente, con recursos de la UOM o de su obra social.

La citación a indagatoria representa un avance significativo en una causa que pone bajo la lupa el manejo de los fondos de una de las organizaciones sindicales más importantes del país. Ahora, la investigación deberá avanzar sobre las responsabilidades individuales y determinar si las irregularidades denunciadas configuran los delitos que se encuentran bajo análisis judicial.

Las imputaciones forman parte de una investigación en curso y no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad de los involucrados.