La Federación Argentina de Remises (FAREM) presentó un reclamo formal ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar una licitación destinada a implementar un sistema de registro de las empresas de transporte que operan mediante aplicaciones, entre ellas Uber y DiDi. La entidad sostiene que la iniciativa establece condiciones más flexibles para esas plataformas que las exigidas a los servicios tradicionales y anticipó que avanzará por la vía judicial si no obtiene respuestas.

La presentación fue impulsada por el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, y el secretario gremial, Mario Casciano. En el escrito, solicitaron que se suspenda el procedimiento administrativo y que se declare la nulidad de la Disposición N.º 26/DGGSM/26, mediante la cual se convocó a la Licitación Pública Nacional N.º 3125-1638-LPU26.

El principal cuestionamiento apunta a lo que la federación considera un tratamiento desigual entre las empresas que participan del mismo mercado. Según la organización, mientras las agencias de remises, los taxis y otros prestadores deben cumplir con distintos requisitos fiscales y administrativos, las plataformas digitales quedarían sujetas a exigencias considerablemente menores.

Cuestionamientos a los requisitos para las plataformas

En declaraciones a InfoGremiales, Poli explicó que la normativa porteña establece obligaciones para las agencias de remises que incluyen la inscripción fiscal, la habilitación comercial, el registro de los vehículos y la identificación de los conductores. Sin embargo, señaló que la Resolución 99/SECT/26 contempla para las Empresas de Redes de Transporte (ERT) requisitos más limitados, como la presentación de documentación societaria, un domicilio y la inscripción ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

«¿Por qué le permiten a estas empresas que son Uber y DiDi no tener CUIT en CABA y en todo el país?», cuestionó el dirigente, al poner en duda que las compañías puedan operar bajo un esquema diferente del que deben cumplir los prestadores tradicionales.

Desde FAREM sostienen que esa diferencia también queda expuesta al comparar el régimen previsto para las plataformas de transporte de pasajeros con el que se aplica a las empresas de reparto. Según denunciaron, para estas últimas se contemplan mecanismos de identificación de repartidores, registración laboral y presentación de nóminas de personal que, a su entender, no tienen un equivalente para Uber y DiDi.

La federación también mencionó el caso de Cabify como antecedente de una plataforma que, según Poli, ingresó al mercado argentino mediante la apertura de una agencia, la obtención de CUIT y la habilitación de los vehículos. Para el dirigente, ese ejemplo demuestra que es posible exigir a las empresas digitales el cumplimiento de las mismas condiciones que rigen para el resto de la actividad.

Las comisiones y el impacto sobre los choferes

Otro de los ejes del reclamo es el efecto económico que, según la entidad, tienen las comisiones de las aplicaciones sobre los ingresos de los conductores. Poli aseguró que las plataformas pueden retener entre el 40% y el 50% del valor de los viajes, dependiendo de las condiciones que establece cada algoritmo.

Desde la organización advierten que esta situación profundiza las dificultades de los trabajadores para sostener sus ingresos y competir con empresas que, según denuncian, no están sometidas a las mismas exigencias que las agencias habilitadas.

En ese contexto, el secretario general cuestionó la actuación del Ejecutivo porteño y reclamó mayores controles sobre las compañías internacionales. «Persiguen al vendedor ambulante y no a Uber y DiDi, que se llevan el 50% de lo que recauda cada trabajador», sostuvo, al contrastar los controles que se aplican sobre distintas actividades económicas.

Un fallo judicial en el centro de la disputa

La presentación de FAREM también pone el foco en un antecedente judicial. De acuerdo con el escrito, la entidad invoca un fallo del 30 de abril de 2026 de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que habría ordenado al Gobierno porteño corregir su falta de control sobre las plataformas digitales de transporte.

Para la federación, avanzar con la licitación en las condiciones actuales no resolvería las irregularidades denunciadas y podría consolidar un sistema de registración que consideran insuficiente.

El procedimiento cuestionado cuenta con un presupuesto de 41 millones de pesos, según la información consignada en la presentación. La organización busca que se revise su alcance antes de que el proceso avance hacia la adjudicación y eventual implementación del sistema.

FAREM anticipa una ofensiva judicial

Ante la falta de respuestas que denuncia, la Federación Argentina de Remises adelantó que prepara una acción de amparo colectivo con solicitud de una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo.

Además, dejó abierta la posibilidad de impulsar denuncias penales por un eventual abuso de autoridad, al considerar que el Gobierno porteño estaría aplicando criterios diferentes a empresas que prestan servicios dentro de un mismo sector.

La entidad advierte que la falta de controles equivalentes podría generar un escenario en el que los trabajadores no cuenten con una empresa debidamente registrada y habilitada frente a la cual canalizar sus reclamos.

La disputa vuelve a poner en discusión la regulación del transporte mediante aplicaciones y la convivencia entre las plataformas digitales y los servicios tradicionales. Mientras el Gobierno porteño impulsa un sistema específico para registrar a estas compañías, los remiseros reclaman que las nuevas reglas no establezcan privilegios y que todas las empresas estén sujetas a obligaciones fiscales, administrativas y laborales equivalentes.