Entre los señalamientos aparecerían un supuesto palco de Estudiantes valuado en más de 174 mil dólares, un BMW X3 y una tarjeta que, según la denuncia, habría continuado registrando consumos después del fallecimiento del histórico secretario general Carlos Quintana.

La Plata, el Vaticano del empleo público. Por un enviado que buscó los libros y volvió con más preguntas que respuestas.

Hay apodos que explicarían una época. En los pasillos de UPCN bonaerense, una expresión habría comenzado a circular para describir una situación que, de confirmarse, excedería cualquier interna gremial: “la biblioteca pobre”.

No sería una referencia a la falta de literatura. El problema, según denuncias formuladas por sectores opositores, estaría en otro tipo de libros: los contables.

La cuestión adquiriría particular relevancia en un sindicato que representa a decenas de miles de trabajadores estatales bonaerenses y que administra recursos provenientes de los aportes de sus afiliados.

Las acusaciones apuntarían a una presunta falta de documentación contable, al supuesto manejo discrecional de fondos y a una estructura dirigencial que, según sus denunciantes, permanecería prácticamente sin renovación desde el fallecimiento de Carlos Quintana, ocurrido en 2022.

No se trataría, además, de una discusión exclusivamente política. Parte de los señalamientos habría sido llevada, según sus protagonistas, a ámbitos judiciales y administrativos.

Como antecedente reciente, un fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre BAGSA habría expuesto las dificultades que genera la imposibilidad de verificar determinados libros obligatorios, entre ellos los de Inventarios y Balances, Actas, Asamblea y Sueldos y Jornales.

En el caso de UPCN, la pregunta que quedarían planteando los denunciantes sería todavía más básica: ¿dónde estarían los libros y quién controlaría realmente la caja?

CAPÍTULO 1 | EL HOMBRE DE LA LAPICERA

En el centro de las acusaciones aparecería Héctor Nieves, histórico tesorero de UPCN bonaerense.

Según habría denunciado públicamente su propio hijo, Jesús Nieves Pérez, dirigente de la agrupación interna Educación Viva y opositor a la conducción del sindicato, su padre llevaría aproximadamente cuatro décadas ocupando el mismo cargo.

La descripción realizada por Jesús Nieves Pérez sería contundente: lo señalaría como el hombre que “maneja la lapicera” del gremio y lo vincularía con presuntas irregularidades en la administración de los recursos sindicales.

La acusación tendría un componente político particular. No provendría solamente de un adversario externo de la organización, sino de alguien perteneciente al propio universo gremial que habría decidido confrontar públicamente con la conducción.

Y a partir de allí aparecerían una serie de episodios que requerirían ser reconstruidos y contrastados documentalmente.

CAPÍTULO 2 | LA TARJETA QUE, SEGÚN LA DENUNCIA, HABRÍA SOBREVIVIDO A SU DUEÑO

La historia más llamativa tendría como protagonista a Carlos Quintana, histórico secretario general de UPCN bonaerense, fallecido en 2022.

Desde entonces, sectores opositores cuestionarían la continuidad de la conducción y sostendrían que no se habría producido una renovación electoral en los términos que ellos consideran correspondientes.

Pero existiría otro señalamiento todavía más llamativo.

Jesús Nieves Pérez habría asegurado que una tarjeta corporativa que figuraba a nombre de Quintana habría continuado registrando consumos después de su fallecimiento.

La frase que habría utilizado para describir la situación fue deliberadamente irónica: “Debe haber dejado un avatar para que siga gastando la tarjeta”.

La acusación, de ser corroborada mediante los resúmenes bancarios correspondientes, abriría una pregunta elemental: ¿quién habría utilizado la tarjeta y bajo qué autorización después de la muerte de su titular?

Según la documentación que los denunciantes asegurarían haber presentado, existirían además más de 20 tarjetas corporativas vinculadas a UPCN, cuyo uso debería ser auditado para determinar quiénes las tendrían asignadas, cuáles serían los gastos autorizados y si habrían existido consumos ajenos a la actividad sindical.

Entre los gastos denunciados aparecerían perfumes importados, vinos de alta gama y servicios de medicina prepaga.

También se habría cuestionado que Fabiola Mosquera, actual referente de la conducción, contaría con cobertura de OSDE, mientras los afiliados estatales continuarían utilizando IOMA, históricamente vinculada al universo de los trabajadores bonaerenses.

En este punto, una cuestión resultaría central: tener una tarjeta corporativa no constituiría por sí mismo una irregularidad. Lo determinante sería qué gastos se habrían realizado, quién los habría autorizado, cuál habría sido su finalidad y si habrían sido debidamente rendidos ante los organismos de control y los afiliados.

Por eso, más que el lujo de un perfume o el precio de una botella de vino, el verdadero interrogante estaría en la documentación respaldatoria.

CAPÍTULO 3 | DENUNCIAS DE HOSTIGAMIENTO Y LA INTERNA QUE HABRÍA SUBIDO DE TONO

La disputa tampoco se habría limitado a balances, tarjetas y patrimonio.

Jesús Nieves Pérez habría denunciado haber sufrido amenazas y hostigamiento y habría apuntado contra Juan Pablo Martín Oyarzábal, secretario gremial y dirigente cercano a Mosquera.

Según su relato, personas vinculadas a la estructura sindical habrían intimidado a su entorno y hasta habrían llegado a golpear los vidrios de un local.

“Es una práctica mafiosa. En vez de defender salarios, salen a amedrentar”, habría sostenido el dirigente opositor.

Se trataría de acusaciones graves que requerirían, como cualquier denuncia de esta naturaleza, ser investigadas por las autoridades correspondientes y contrastadas con pruebas y testimonios.

Pero el conflicto no terminaría allí.

El dirigente opositor también habría vinculado a integrantes de la estructura sindical con empresas contratistas que desarrollarían actividades dentro de organismos de la administración pública bonaerense y habría hablado de presuntas maniobras de facturación.

En declaraciones periodísticas habría llegado a afirmar: “Roban en los ministerios y todos lo saben”.

Según su propio relato, parte de estas denuncias habría sido presentada ante la UFI N°4 de Dolores, organismos laborales y el Ministerio de Trabajo bonaerense.

El desafío periodístico y judicial consistiría ahora en determinar qué parte de estas acusaciones podría ser respaldada por documentación, expedientes, movimientos bancarios, contratos y resoluciones oficiales.

CAPÍTULO 4 | EL PALCO, EL BMW Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ALREDEDOR DEL TESORERO

Las denuncias sobre el patrimonio y las actividades económicas atribuidas a Héctor Nieves tampoco serían recientes.

Uno de los antecedentes más difundidos referiría a la supuesta adquisición del palco 322 del estadio de Estudiantes de La Plata, por un valor informado de 174.240 dólares.

La operación habría sido vinculada periodísticamente con cuatro empresas dedicadas a microcréditos destinados a afiliados y con los ingresos declarados por Nieves en el Senado bonaerense.

La pregunta que surgiría sería evidente: ¿cómo se explicaría patrimonialmente una adquisición de esa magnitud?

Otro de los bienes señalados sería un BMW X3, cuya patente habría sido mencionada en las denuncias. Para evitar una identificación innecesaria, se omite parte de la numeración.

También aparecerían referencias a la actividad de gimnasios y a emprendimientos vinculados, según las acusaciones, con personas relacionadas con el entorno del tesorero.

A esto se sumaría un episodio relacionado con el mundo hípico: una condena por difamación que habría surgido luego de una disputa vinculada con una carrera en el hipódromo de La Plata y el caballo Suker.

Cada uno de estos elementos, tomado individualmente, podría tener una explicación lícita.

El problema aparecería cuando se los coloca dentro de una misma pregunta: ¿existiría correspondencia entre los ingresos declarados, el patrimonio exhibido y las actividades económicas atribuidas a quienes manejarían los recursos del sindicato?

Eso sólo podría determinarse mediante una investigación patrimonial seria.

CAPÍTULO 5 | EL ANTECEDENTE IOMA

El nombre de Nieves también aparecería mencionado en denuncias relacionadas con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

Los cuestionamientos se inscribirían en una causa que habría investigado una presunta defraudación millonaria contra el organismo y que habría involucrado operaciones de compra directa, supuestas irregularidades administrativas y cuestionamientos por sobreprecios.

Las denuncias opositoras de UPCN sostendrían además que el gremio habría tenido representación dentro del directorio del IOMA durante el período cuestionado.

Aquí también resultaría fundamental separar una denuncia de una condena: estar mencionado o imputado en una investigación no equivaldría a haber sido declarado responsable penalmente.

La relevancia periodística del antecedente estaría en otra parte: permitiría reconstruir los vínculos entre la estructura sindical, el sistema de salud bonaerense y los funcionarios o representantes que habrían ocupado lugares estratégicos dentro de organismos estatales.

CAPÍTULO 6 | CUATRO DÉCADAS EN LA CAJA Y LA PREGUNTA QUE NADIE PARECERÍA QUERER CONTESTAR

Hay algo que atravesaría todas las denuncias: el tiempo.

Cuarenta años en el mismo cargo.

En cualquier organización que administra recursos colectivos, una permanencia tan extensa debería venir acompañada de mecanismos especialmente sólidos de control, balances auditados, elecciones periódicas, rendiciones transparentes y acceso de los afiliados a la información económica.

Porque los fondos sindicales no pertenecerían a una persona.

Pertenecerían a los trabajadores que aportan.

Por eso, si efectivamente existieran más de 20 tarjetas corporativas, la pregunta no debería ser solamente quién las utilizaría. Debería conocerse cuánto se habría gastado, en qué, con qué autorización y cómo habría sido rendido cada peso.

Si existiera un palco valuado en más de 174 mil dólares, debería poder establecerse quién lo habría comprado, con qué fondos y cuál habría sido su origen patrimonial.

Si una tarjeta hubiera continuado registrando consumos después de la muerte de su titular, debería poder saberse quién la habría utilizado y quién habría autorizado esos consumos.

Y si existieran libros contables, deberían estar disponibles para ser auditados.

Porque allí estaría el verdadero corazón de la cuestión.

EPÍLOGO | LA BIBLIOTECA QUE NECESITARÍA LUZ

La historia de la “biblioteca pobre” podría parecer una metáfora hasta que se formularan las preguntas concretas.

¿Dónde estarían los balances?

¿Dónde estarían las rendiciones?

¿Quién controlaría las tarjetas?

¿Quién auditaría los gastos?

¿Quién explicaría el patrimonio?

¿Quién respondería por las denuncias?

Y, sobre todo, ¿quién controlaría al que controla la caja?

UPCN bonaerense administra recursos aportados por trabajadores. Por eso, las denuncias sobre su funcionamiento no deberían resolverse únicamente con comunicados, internas o acusaciones cruzadas.

Necesitarían documentos.

Balances.

Auditorías.

Expedientes.

Movimientos bancarios.

Elecciones.

Y explicaciones.

La verdadera “biblioteca pobre” no sería aquella que tiene pocos libros.

Sería aquella en la que los libros que deberían mostrar qué habría pasado con la plata de los afiliados nunca aparecerían.

Y si efectivamente existiera una tarjeta que hubiera seguido registrando consumos después de la muerte de su titular, entonces el problema ya no sería encontrar al fantasma.

Sería encontrar quién habría tenido la tarjeta.