La decisión del gobierno nacional de eliminar el arancel a la importación de teléfonos celulares encendió una fuerte alarma en Tierra del Fuego, donde estiman que la medida podría poner en riesgo entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo en la industria electrónica. Desde la provincia advierten que el impacto no se limitará al sector fabril, sino que se sentirá con fuerza en toda la economía local.

El decreto 333, publicado esta semana en el Boletín Oficial, fija arancel cero para la importación de celulares y golpea de lleno al régimen industrial fueguino, uno de los principales motores productivos de la provincia. De acuerdo con datos oficiales de noviembre, la industria fueguina emplea a 7.569 trabajadores directos, y el 83% se desempeña en el sector electrónico, hoy el más expuesto frente a la apertura comercial.

Funcionarios provinciales y municipales señalaron que el daño potencial se multiplica al considerar el empleo indirecto. Cada puesto industrial perdido repercute en el comercio, el transporte, la logística, los servicios y la gastronomía. En una provincia con una matriz productiva fuertemente concentrada en la industria, la caída de la actividad implica menos consumo, menor recaudación y un deterioro general del entramado económico.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó con dureza el argumento oficial que justifica la medida como una vía para reducir precios. “Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y fracasó”, afirmó. En ese sentido, recordó la apertura de importaciones de notebooks durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando —según señaló— se perdieron puestos de trabajo sin que los beneficios llegaran a los consumidores.

“El resultado fue la destrucción de la producción local y los precios nunca bajaron”, sostuvo el jefe comunal en declaraciones a LPO, al tiempo que remarcó que Río Grande es la ciudad más poblada de la provincia y una de las más dependientes del empleo industrial.

Pérez también rechazó la caracterización del régimen fueguino como un sistema de privilegios. “No se trata de privilegios, sino de defender la producción nacional, el empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, concluyó. Mientras tanto, crece la preocupación entre trabajadores y sindicatos por el futuro inmediato del sector electrónico y el impacto social que podría derivarse de la medida.