La decisión del Gobierno nacional de eliminar el arancel a la importación de teléfonos celulares generó una fuerte preocupación en Tierra del Fuego, donde advierten que la medida podría derivar en la pérdida de entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo en la industria electrónica. Desde la provincia señalan que el impacto no se limitará a las fábricas, sino que se extenderá al empleo indirecto, al consumo y al conjunto de la economía local.

El decreto 333, publicado esta semana en el Boletín Oficial, fijó en cero los derechos de importación para los celulares y golpea de lleno al régimen industrial fueguino, uno de los principales pilares productivos de la provincia. De acuerdo a datos oficiales correspondientes a noviembre, el sector industrial emplea a 7.569 trabajadores directos, de los cuales el 83 por ciento se desempeña en la rama electrónica, ahora la más expuesta a la competencia externa.

Autoridades provinciales y municipales advirtieron que la magnitud del daño será aún mayor si se contempla el efecto multiplicador de la industria. Cada empleo fabril que se pierde impacta en una amplia red de actividades vinculadas, como el comercio, el transporte, la logística, los servicios técnicos y la gastronomía. En una economía altamente dependiente de la producción industrial, la caída de la actividad se traduce rápidamente en menor consumo y pérdida de ingresos en las principales ciudades fueguinas.

Desde Río Grande, el intendente Martín Pérez cuestionó el argumento oficial que justifica la medida en una eventual baja de precios. “Desde Buenos Aires nos dicen que esto es para abaratar los celulares, pero ese discurso ya fracasó. Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, se destruyeron puestos de trabajo y los precios no bajaron. El beneficio nunca llegó a la gente”, señaló el jefe comunal, al referirse a antecedentes recientes de apertura comercial.

Pérez también rechazó la caracterización del régimen fueguino como un sistema de privilegios. “No estamos hablando de beneficios especiales, sino de defender la producción nacional, el empleo argentino y el trabajo de miles de familias que viven de esta actividad”, subrayó el intendente de la ciudad más poblada de la provincia.

Con la entrada en vigencia del arancel cero, el conflicto vuelve a poner en tensión el modelo de apertura impulsado por el Gobierno nacional y su impacto concreto sobre las economías regionales, el entramado productivo y el empleo en una de las provincias más dependientes de la industria.