La crisis salarial de los docentes universitarios se consolidó como uno de los ejes centrales del conflicto educativo desde la asunción de Javier Milei. En un escenario marcado por el ajuste fiscal, el recorte del gasto público y el desfinanciamiento de las universidades nacionales, los ingresos del sector quedaron muy por detrás de la inflación, erosionando de manera acelerada el poder adquisitivo y afectando el funcionamiento cotidiano del sistema universitario.

Durante los dos primeros años de gestión libertaria, el deterioro salarial fue constante. De acuerdo a un relevamiento realizado por el profesor universitario Germán Saller, basado en los recibos de sueldo de un cargo testigo de Profesor Adjunto con 30 años de antigüedad, en 2025 los salarios perdieron un 12,7% frente a la inflación. Esa caída se suma a la ya registrada en 2024, cuando el retroceso fue del 9,9%, configurando una tendencia sostenida de empobrecimiento sin perspectivas de recuperación inmediata.

El ajuste sobre los haberes docentes no surgió de manera aislada, sino que fue uno de los principales motores del reclamo por una Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, impulsada por sindicatos y respaldada por masivas movilizaciones de estudiantes, docentes y no docentes, fue aprobada por el Congreso en septiembre de 2024. La norma contemplaba una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento y una recomposición salarial retroactiva a enero de ese año, atada a la inflación. Sin embargo, el presidente Milei vetó la ley en su totalidad, alegando que atentaba contra el objetivo de alcanzar el “déficit cero”.

Como resultado de esta política, al mes de diciembre de 2025 los salarios universitarios acumulaban una pérdida del 33,4% de su poder de compra en comparación con noviembre de 2023, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del Indec. Si se utiliza el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que refleja con mayor precisión la estructura actual de gastos de los hogares, la caída asciende al 36,5%, según detalla el informe de Saller.

Estos datos coinciden con las estimaciones difundidas por los principales gremios del sector —CONADU, CONADU Histórica y FEDUN—, que calculan una pérdida real de entre el 35% y el 40% desde el inicio del actual gobierno.

El impacto del ajuste se vuelve aún más evidente al traducirlo en términos concretos: si los docentes universitarios hubieran intentado sostener el mismo nivel de vida que tenían en noviembre de 2023, sus ingresos les habrían alcanzado apenas hasta mayo de 2025. En términos reales, el recorte salarial equivale a haber trabajado siete meses sin percibir ingresos.

Según el análisis de Saller, para recomponer el poder adquisitivo vigente a fines de 2023 sería necesaria una suba salarial de entre el 50% y el 58%, dependiendo del índice inflacionario que se tome como referencia. Un escenario que, bajo la actual orientación económica del Gobierno nacional, aparece cada vez más distante y vuelve a colocar al financiamiento universitario en el centro del debate público sobre las deudas sociales acumuladas por la gestión de Milei.