Un proyecto impulsado por la diputada Ana Luz Balor obtuvo dictamen en comisión y propone sancionar las prácticas abusivas de estudios de cobranzas y agencias de recupero. La iniciativa prohíbe intimidaciones, contactos con familiares o empleadores y comunicaciones que aparenten ser reclamos judiciales.

En medio de un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el crecimiento del endeudamiento de los hogares, la Legislatura bonaerense avanzó con una iniciativa destinada a limitar las prácticas abusivas utilizadas para reclamar deudas.

El proyecto de la diputada Ana Luz Balor, de Fuerza Patria, obtuvo dictamen en la Comisión de Defensa de los Consumidores y propone establecer reglas específicas para los reclamos extrajudiciales, con el objetivo de evitar que las familias que atraviesan dificultades económicas sean sometidas a situaciones de intimidación o trato indigno.

La iniciativa apunta especialmente contra determinadas modalidades utilizadas por estudios de cobranza, agencias de recupero y proveedores de bienes y servicios para presionar a personas que mantienen deudas.

Qué prácticas quedarían prohibidas

El proyecto establece que los acreedores y quienes gestionen el recupero de deudas deberán abstenerse de realizar acciones que puedan colocar al consumidor en situaciones vejatorias, humillantes o intimidatorias.

Entre las conductas que busca impedir aparecen los llamados reiterados en horarios de descanso o durante los fines de semana, una modalidad que suele multiplicar la presión sobre quienes se encuentran en mora.

También se pretende prohibir que los cobradores contacten a familiares, vecinos o empleadores del deudor para comunicarles la existencia de la deuda, así como la difusión de información sobre morosos a través de redes sociales u otros mecanismos públicos.

Otro punto central es evitar que las comunicaciones sean diseñadas para generar la apariencia de una actuación judicial cuando en realidad se trata de un reclamo extrajudicial.

La propuesta también contempla limitar las operaciones mediante las cuales las entidades financieras debiten unilateralmente fondos de las cuentas de los consumidores, una práctica que, según Balor, puede dejar a una persona sin recursos disponibles para afrontar sus gastos básicos.

«9 de cada 10 familias están endeudadas»

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia que busca abordar el problema del sobreendeudamiento de los hogares bonaerenses.

Balor advirtió que 9 de cada 10 familias se encuentran endeudadas y que aproximadamente una de cada cuatro personas atraviesa una situación de mora. En ese marco, sostuvo que la problemática no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de quienes reclaman el pago, sino también desde la protección de quienes no tienen capacidad económica suficiente para afrontar sus compromisos.

El proyecto se vincula además con otra propuesta legislativa denominada Ley de Defensa de las Familias Sobreendeudadas, que contempla mecanismos administrativos destinados a facilitar la reestructuración de las obligaciones.

Ese esquema prevé también una instancia prejudicial obligatoria ante la Defensoría del Pueblo, con la intención de generar alternativas antes de que los conflictos por deudas lleguen a una instancia judicial.

Críticas a la desregulación

En los fundamentos de la iniciativa, Balor cuestionó la eliminación de la Resolución 1033/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior, que establecía pautas para regular los procedimientos de cobranza extrajudicial.

Según la legisladora, el cambio implicó un retroceso en materia de protección de los consumidores y permitió que determinadas formas de presión se transformaran en herramientas habituales para intentar recuperar deudas.

«La desregulación ha fomentado que el acoso se convierta en una herramienta sistémica de reclamo», sostuvo la diputada al fundamentar la necesidad de establecer nuevamente límites específicos.

La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que muchas familias recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos y luego enfrentan dificultades para sostener el pago de cuotas, tarjetas, préstamos y otros compromisos.

Multas de hasta 5.000 salarios mínimos

El proyecto no se limita a establecer prohibiciones. También contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las reglas.

Las multas podrían alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos, vitales y móviles, según el texto que obtuvo dictamen.

Ahora la iniciativa deberá avanzar hacia el recinto de la Legislatura bonaerense. Si finalmente es aprobada, la Provincia contará con un marco específico para regular las cobranzas extrajudiciales y establecer límites a las prácticas consideradas abusivas.

El objetivo planteado por sus impulsores es que estar endeudado no implique quedar expuesto al hostigamiento, la intimidación o la pérdida de los recursos indispensables para sostener una vida digna.