La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada en la última paritaria, aunque el acuerdo no desactivó los reclamos estructurales del sector. El gremio advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza si no hay respuestas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La decisión se adoptó tras la realización de asambleas en las 20 departamentales del sindicato, donde trabajadores y trabajadoras debatieron el ofrecimiento oficial. El entendimiento establece un incremento del 9% para el primer trimestre de 2026, calculado sobre los salarios de enero.

El esquema de actualización se compone de un 1,5% ya liquidado en febrero a cuenta de futuros aumentos, un 5% correspondiente a marzo y un 2,5% previsto para abril. Además, se incluyó una cláusula de monitoreo en mayo y el compromiso de reabrir las negociaciones en junio, en función de la evolución de la inflación.

Pese a la aceptación, el gremio puso el foco en demandas aún sin resolución. Entre ellas, se destaca la implementación de la subcategoría E, que beneficiaría a los trabajadores con menor antigüedad dentro del escalafón judicial, un punto que depende de definiciones de la Suprema Corte bonaerense.

Asimismo, la AJB reiteró su reclamo para que jubilados y pensionados del sector sean incorporados al Acuerdo 4093 de subcategorías. En ese marco, las asambleas facultaron a la conducción provincial a definir eventuales medidas de acción directa para exigir avances concretos.

En paralelo, el sindicato expresó su rechazo a manifestaciones de sectores del colectivo de magistrados que, según denunciaron, buscan incidir en la negociación paritaria. Desde la organización remarcaron que la discusión salarial es un derecho de los trabajadores y que la AJB cuenta con la representación legal para llevar adelante ese proceso.

También reclamaron la convocatoria a una mesa de diálogo con el Ministerio de Justicia bonaerense para abordar una agenda más amplia, que incluye la sanción de una ley de paritarias para el sector, la situación del personal del Consejo de la Magistratura, el ingreso de nuevos trabajadores, mejoras edilicias y condiciones de salud y seguridad laboral.

Por último, el gremio solicitó al Poder Ejecutivo provincial el adelantamiento del pago de los salarios de marzo, actualmente previsto para el 8 de abril, en un contexto de creciente presión sobre los ingresos del sector.