Diputados del bloque peronista presentaron en el Congreso un proyecto de ley orientado a proteger la industria nacional, resguardar el empleo y combatir la venta de mercadería ingresada de manera irregular al país a través de plataformas digitales. La iniciativa fue impulsada por el legislador Guillermo Michel junto a Kelly Olmos y propone una actualización integral del marco normativo que regula el comercio electrónico.

El proyecto surge como respuesta al crecimiento sostenido de las ventas online, un sector que se consolidó en los últimos años pero que, según advierten sus autores, continúa operando bajo reglas desactualizadas que dificultan el control del origen de los productos y favorecen prácticas de competencia desleal contra el entramado productivo formal.

Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentra la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor y del régimen de Lealtad Comercial, incorporando nuevas obligaciones para las plataformas de comercio electrónico. En ese sentido, se establece que deberán brindar información clara, completa y verificable sobre los bienes ofrecidos, incluyendo datos fiscales de los vendedores, procedencia de la mercadería y, en el caso de productos importados, la documentación que acredite su ingreso legal al país.

Desde el entorno de los legisladores explicaron que el objetivo principal es impedir que productos de contrabando se comercialicen en entornos digitales con apariencia de legalidad. “La iniciativa no apunta a encarecer las compras ni a generar nuevas cargas para los usuarios, sino a garantizar que los consumidores accedan a productos seguros, genuinos y que cumplen con la normativa vigente”, señalaron.

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la incorporación de la responsabilidad solidaria de las plataformas digitales ante incumplimientos en materia de defensa del consumidor, obligaciones tributarias o normativas aduaneras. De este modo, se busca fortalecer los mecanismos de control y desalentar la comercialización de mercadería importada sin el pago de los impuestos correspondientes.

La propuesta también asigna un rol clave a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estará facultada para requerir información, realizar inspecciones y aplicar sanciones cuando se detecten irregularidades. Las multas previstas podrían alcanzar hasta cinco veces el valor de los productos involucrados.

En los fundamentos del proyecto, Michel y Olmos sostienen que la iniciativa apunta a preservar el comercio legítimo, proteger a los consumidores y acompañar a la industria nacional frente a prácticas desleales que impactan negativamente en la economía formal. “Defender la producción local y el trabajo argentino también implica actualizar las leyes frente a las nuevas formas de comercialización”, remarcaron.

La propuesta comenzará ahora su tratamiento parlamentario en un contexto de creciente debate sobre el rol de las plataformas digitales, la evasión fiscal y el impacto del contrabando en el desarrollo productivo del país.