La interna política y sindical del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sumó un nuevo capítulo. Según una investigación publicada por InfoGremiales, la gestión del presidente del organismo, Miguel Romero, habría avanzado en un entendimiento con el sector sindical encabezado por la familia Dolmann, en un movimiento que combinaría la búsqueda de mayor tranquilidad interna con objetivos políticos de cara a las elecciones de 2027.

El presunto acuerdo habría encontrado un interlocutor clave en Juan Pablo Intelisano, funcionario de confianza de Romero y nexo con la Junta Interna de ATE en el INTI. La decisión generó cuestionamientos entre trabajadores y reavivó una disputa que arrastra denuncias por episodios de violencia, amenazas y hostigamiento dentro del Parque Tecnológico Miguelete, sede central del organismo.

El acercamiento también tendría consecuencias en el plano interno: mientras Romero buscaría reducir los conflictos en el instituto y fortalecer su actividad política en el conurbano norte, el entendimiento habría profundizado las diferencias entre Juan Pablo Intelisano y su hermano Fernando, quien denunció presuntos hechos de violencia atribuidos a integrantes del sector sindical vinculado a los Dolmann.

Una historia de enfrentamientos y denuncias

El conflicto tiene antecedentes que se remontan a 2024, durante la etapa de despidos y ajustes en el INTI. De acuerdo con la reconstrucción publicada por InfoGremiales, en ese período se produjeron enfrentamientos entre funcionarios, trabajadores y referentes sindicales, que derivaron en denuncias presentadas ante la Justicia penal de San Martín.

Entre los episodios señalados figura una fotografía de Erica Dolmann, hija del fallecido Francisco «Pancho» Dolmann, en la que aparece sosteniendo un arma dentro de uno de los locales sindicales del predio. La publicación sostiene que aquella imagen fue interpretada como una señal intimidatoria en medio de las disputas internas. Las circunstancias y el alcance de ese episodio deben analizarse en el marco de las denuncias y los antecedentes del conflicto.

La tensión volvió a escalar el 28 de abril de 2026. Ese día, Fernando Intelisano denunció un nuevo episodio durante el ingreso de un grupo de personas al edificio de Presidencia del INTI, donde se habrían realizado manifestaciones con bombos y cánticos. Según su presentación, la situación le generó temor por su integridad física y motivó un pedido de restricción de acercamiento.

La denuncia fue impulsada por Fernando Intelisano junto con otros cuatro trabajadores e incluyó a 31 personas, entre ellas Francisco y Erica Dolmann. En la presentación, los denunciantes describieron presuntas situaciones de hostigamiento dentro del organismo y manifestaron preocupación por su seguridad laboral y personal.

A su vez, un informe de monitoreo de cámaras de seguridad, fechado el 30 de abril de 2026 y citado por InfoGremiales, habría registrado la ocupación de parte del predio, acciones de hostigamiento al personal e intervenciones sobre cámaras que afectaban su campo visual.

Las acusaciones forman parte de una disputa que deberá evaluarse a partir de las actuaciones correspondientes y de las pruebas incorporadas a las denuncias.

El pedido de recategorización que encendió las alarmas

El punto que habría terminado de exponer el acercamiento entre los sectores enfrentados fue una nota firmada por Juan Pablo Intelisano el 13 de octubre de 2026. Según la documentación mencionada por InfoGremiales, el funcionario habría avalado la solicitud de recategorización de Erica Dolmann, para que pasara de Técnica B a Técnica A, un avance dentro de la escala profesional del organismo.

El procedimiento contempla la acreditación de las tareas realizadas como parte de los requisitos para acceder a una nueva categoría. Sin embargo, el caso habría generado cuestionamientos porque, de acuerdo con la publicación, Erica Dolmann ya no se desempeñaría en el área de Control de Acceso y tendría restricciones prácticas para ingresar al sector debido a las denuncias formuladas por compañeros de trabajo.

La situación provocó malestar entre trabajadores que consideran que el aval constituye una señal de entendimiento político con el sector sindical. Las críticas apuntan a la presunta contradicción entre las denuncias existentes y el respaldo administrativo a una mejora de categoría.

El alcance de la intervención de Intelisano y el cumplimiento de los requisitos formales de la recategorización son aspectos centrales para determinar si existieron irregularidades en el procedimiento.

Mutual, horas extras y reincorporaciones bajo la lupa

Las críticas al supuesto entendimiento no se limitarían al expediente de recategorización. Según los testimonios recogidos por InfoGremiales, también se habrían dispuesto recursos del INTI para una mutual que anteriormente no funcionaba con normalidad.

Entre los cuestionamientos mencionados figuran la provisión de insumos con fondos del organismo y el pago de horas extras al personal que atendería la entidad durante los fines de semana.

Además, trabajadores citados en la publicación señalaron que se habría negociado la reincorporación de dos empleados vinculados al sector de los Dolmann: uno relacionado con el área de Informática y otro con sede en Hurlingham.

Estos señalamientos abren interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar recursos, organizar las prestaciones y definir reincorporaciones dentro de una institución estatal. Para establecer si hubo beneficios indebidos o decisiones contrarias a las normas vigentes, resulta necesario conocer los expedientes administrativos y las respuestas de las autoridades involucradas.

La fractura entre Juan Pablo y Fernando Intelisano

El presunto acuerdo también habría profundizado el enfrentamiento entre los hermanos Juan Pablo y Fernando Intelisano. El primero aparece señalado como uno de los interlocutores de la gestión de Romero con el sector de los Dolmann; el segundo figura entre los trabajadores que denunciaron episodios de hostigamiento y solicitaron medidas de protección.

La diferencia de posiciones expone una fractura que excede el ámbito familiar y se proyecta sobre la disputa política y sindical dentro del INTI. Mientras una parte de la estructura buscaría encauzar el conflicto mediante un entendimiento, los cuestionamientos de los trabajadores ponen el foco en las consecuencias de esa estrategia para quienes denunciaron los hechos.

El caso plantea un interrogante central: si el acercamiento responde a una política de normalización institucional o si, por el contrario, implica un reordenamiento de alianzas que deja en segundo plano las denuncias pendientes.

Los antecedentes políticos de la familia Intelisano

La publicación también pone bajo la lupa los antecedentes familiares de Juan Pablo y Fernando Intelisano, hijos de Juan Cayetano «Yani» Intelisano. Según el artículo original, el contador habría desarrollado su trayectoria en el ámbito público desde la última dictadura militar y habría sido investigado por presunto enriquecimiento ilícito en 2002, de acuerdo con antecedentes periodísticos de La Política Online.

Esos antecedentes forman parte del contexto político que la investigación incorpora para analizar las relaciones de poder alrededor del organismo. No obstante, una investigación judicial no equivale a una condena y cualquier referencia a presuntas irregularidades debe distinguir entre hechos acreditados, denuncias y actuaciones que requieren verificación.

Un conflicto que compromete a la conducción del INTI

La controversia vuelve a colocar al INTI en el centro de una disputa donde se cruzan la representación sindical, las decisiones administrativas y las estrategias políticas de cara a 2027.

El presunto acercamiento entre Romero y los Dolmann, el aval a la recategorización de Erica Dolmann y las denuncias presentadas por Fernando Intelisano conforman los principales ejes de una interna que continúa abierta.

La cuestión de fondo es si la conducción del organismo podrá garantizar reglas claras, transparencia administrativa y condiciones de trabajo seguras para todo el personal. Mientras persistan las denuncias y los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la necesidad de esclarecer los hechos será determinante para recuperar la confianza dentro de la institución.