La crisis laboral en Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo en Entre Ríos luego de que la empresa no reabriera sus puertas pese a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo provincial.

La medida oficial había dispuesto dejar sin efecto los despidos y ordenar el regreso a las tareas habituales durante un período de 15 días hábiles. Sin embargo, en el primer día de vigencia de la resolución, los trabajadores despedidos volvieron a presentarse en la planta y denunciaron que no pudieron ingresar.

Eduardo Ramírez, uno de los trabajadores despedidos en mayo, relató que concurrieron al establecimiento para cumplir con la disposición oficial, pero se encontraron nuevamente con las puertas cerradas.

“Fuimos a la planta para cumplir con lo dictado pero no pudimos ingresar. Además, no pudimos hablar con ninguna autoridad”, explicó. Según contó, solamente encontraron presencia policial, cuyos efectivos les recomendaron dejar el petitorio.

Para el trabajador, la conciliación obligatoria se convirtió hasta el momento en “una formalidad” debido a que la empresa no habría cumplido con la reapertura ordenada.

Nueva audiencia y posibles medidas de protesta

Ante la falta de avances, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia para el jueves 20 de agosto a las 12, en su sede de Paraná.

Los trabajadores anticiparon que antes del encuentro realizarán una asamblea junto al sindicato para definir los reclamos que llevarán a la mesa de negociación.

También analizan nuevas medidas de protesta, entre ellas cortes de ruta, con el objetivo de visibilizar la situación de las casi 700 personas afectadas por el conflicto.

La incertidumbre se mantiene mientras los trabajadores continúan sin percibir sus ingresos y esperan una respuesta concreta sobre la continuidad de sus puestos laborales.

“Tenemos para comer y pagar servicios, no más”

Ramírez también describió el impacto que tuvo el despido sobre su vida cotidiana. Después de quedarse sin ingresos, tuvo que abandonar el alquiler y mudarse a la casa de su pareja, quien actualmente representa uno de sus principales apoyos económicos.

“Es una situación muy difícil porque ella trabaja en negro; para comer y pagar servicios tenemos, no más”, explicó.

La situación llevó además a varias familias a recurrir a la asistencia estatal. El Municipio comenzó a entregar bolsones de alimentos, una ayuda que los trabajadores valoraron pero que consideran insuficiente frente a los gastos cotidianos.

“Es valioso, lo agradecemos. Pero no sirve ni para pagar la luz ni para pagar el alquiler”, planteó Ramírez.

A esto se suma un subsidio provincial destinado a los trabajadores afectados. Según el testimonio, solamente 80 personas de un universo cercano a 700 habrían podido acceder hasta el momento al beneficio.

“Necesitamos que el trámite sea más rápido. Lo agradecemos, pero falta agilizar porque es muchísima la cantidad de gente que lo necesita”, reclamó.

Casi dos décadas de trabajo y una crisis que se profundiza

Ramírez trabajó durante casi 20 años en Granja Tres Arroyos, período durante el cual llegó incluso a recibir reconocimientos económicos además de su salario habitual.

Sin embargo, afirmó que la situación laboral comenzó a deteriorarse durante los últimos años hasta desembocar en los despidos que dieron origen al conflicto actual.

El trabajador vinculó la crisis con el escenario económico nacional y cuestionó las políticas implementadas durante la gestión de Javier Milei.

“Su plan económico devastó a la clase trabajadora y, a su vez, la deja en situación de vulnerabilidad, con trabajos precarios”, sostuvo.

La tragedia detrás de los despidos

Ramírez también relató el fallecimiento de un excompañero de trabajo al que, según su testimonio, la situación económica terminó afectando gravemente.

Contó que ambos salían diariamente a buscar empleo en bicicleta, pero no encontraban oportunidades para una persona de 53 años.

Según relató, durante sus últimos meses de vida el hombre llegó a cocinar en el piso de su vivienda porque no podía afrontar el costo de una garrafa ni de los servicios básicos.

Para Ramírez, ese caso refleja las consecuencias que puede tener la pérdida abrupta de los ingresos y la falta de alternativas laborales.

La situación de Granja Tres Arroyos queda ahora a la espera de la audiencia del 20 de agosto. Mientras tanto, los trabajadores continúan reclamando la reapertura efectiva de la planta, la reincorporación y el cumplimiento de la conciliación obligatoria, mientras analizan nuevas acciones para sostener el reclamo.