El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, quedó nuevamente en el centro de cuestionamientos a partir de una investigación periodística que relevó transferencias por miles de millones de pesos hacia empresas y estructuras financieras vinculadas al entorno familiar del dirigente.

De acuerdo con la información difundida, entre el 29 de abril y el 1° de junio de 2026 se canalizaron aproximadamente $2.580 millones mediante fideicomisos y pagos directos a compañías relacionadas con el entramado empresarial asociado a Liliana Zulet, esposa de Moyano.

A estas operaciones se suman movimientos registrados durante febrero, por alrededor de $2.971 millones, lo que elevaría a más de $5.500 millones el volumen de fondos transferidos durante el primer semestre del año en las operaciones mencionadas por la investigación.

Fideicomisos como intermediarios

Uno de los aspectos que genera mayor atención es el mecanismo utilizado para canalizar parte de los fondos. Desde fines de 2024 comenzaron a aparecer en las operaciones tres fideicomisos identificados como Thoth, Khasis y Dhanvantari, vinculados, según la investigación, con distintas compañías relacionadas con el entorno empresario de Zulet.

Thoth aparece asociado a Dixey SA, vinculada al sector textil; Khasis, a Aconra Construcciones SA; mientras que Dhanvantari se relaciona con el área sanitaria y Iarai SA.

Las tres estructuras registran domicilio en Avenida Belgrano 1255, Ciudad de Buenos Aires, dirección que también aparece relacionada con sociedades vinculadas al mismo entramado empresarial.

Cómo se distribuyeron los fondos

Según el relevamiento, Dixey recibió siete transferencias canalizadas mediante Thoth por aproximadamente $879,4 millones, además de un pago directo de unos $41,16 millones.

Por otra parte, Aconra recibió seis transferencias a través de Khasis por alrededor de $544,3 millones.

En tanto, Iarai habría recibido directamente tres depósitos que en conjunto alcanzaron aproximadamente $1.115 millones.

La suma de esas operaciones totalizó $2.579.853.035 durante el período comprendido entre fines de abril y comienzos de junio.

La investigación también señala que este mecanismo no sería nuevo. En septiembre de 2025 se habrían registrado operaciones por unos $900 millones vinculadas con las mismas estructuras.

El contraste con la situación de la obra social

Las operaciones adquieren especial relevancia por la situación financiera que atraviesa la estructura sanitaria vinculada al sindicato.

La obra social de Camioneros enfrenta importantes deudas con prestadores y proveedores, además de dificultades para garantizar con normalidad determinadas prestaciones médicas y el acceso a medicamentos.

En este contexto, el volumen de fondos transferidos hacia empresas vinculadas al entorno familiar de la conducción sindical genera interrogantes sobre el destino y los criterios utilizados para administrar los recursos de la organización.

Las transferencias relevadas, no obstante, no constituyen por sí mismas una prueba de una conducta ilícita. El alcance y la legalidad de las operaciones dependen de la documentación contractual, contable y societaria correspondiente.

El entramado empresario

El nombre de Liliana Zulet aparece desde hace años relacionado con distintas empresas que mantienen vínculos comerciales con el universo de Camioneros.

Entre las sociedades mencionadas en la investigación figuran Iarai, Aconra y Dixey, mientras que documentación societaria registra la participación de personas vinculadas al entorno familiar de Zulet en algunas de esas estructuras.

Una de las modificaciones observadas en los últimos años fue la incorporación de fideicomisos como intermediarios para determinadas operaciones, en lugar de efectuar los pagos directamente a las compañías.

Auditorías y cambios internos

Las denuncias sobre el manejo de fondos se producen además en un momento de revisión interna dentro de Camioneros.

Uno de los episodios que impactó en la estructura administrativa fue el desplazamiento de Claudio Balazic, exsecretario administrativo del sindicato, quien se encuentra imputado en una investigación judicial por un presunto fraude estimado en US$10 millones relacionado con el Hotel 15 de Diciembre, propiedad de la organización en Mar del Plata.

La causa continúa bajo investigación y busca determinar si existieron irregularidades en la administración del establecimiento.

En paralelo, la conducción sindical habría impulsado una auditoría interna del área contable y modificaciones en los mecanismos de control de la tesorería.

Así, las transferencias millonarias, la situación financiera de la obra social y las investigaciones sobre la administración de recursos colocan nuevamente bajo escrutinio el manejo económico del sindicato conducido por Hugo Moyano.