El Tribunal de Trabajo reconoció el carácter laboral de la enfermedad y condenó al pago de una indemnización por las secuelas físicas, psicológicas y morales que sufrió la empleada. Durante la pandemia, la mujer tenía la obligación de concurrir a su puesto por desempeñarse en una actividad esencial. El fallo todavía no está firme y puede ser apelado.

La Justicia laboral de Mar del Plata ordenó indemnizar con 176 millones de pesos a una trabajadora de una farmacia que contrajo Covid-19 durante la pandemia y sufrió secuelas permanentes que modificaron por completo su vida cotidiana.

La mujer, que tenía 40 años al momento de los hechos, recibió un diagnóstico de incapacidad del 60%, según el informe médico considerado por el tribunal. Las consecuencias de la enfermedad afectaron principalmente su sistema respiratorio y limitaron su capacidad para realizar actividades físicas y tareas cotidianas.

La sentencia reconoció el carácter laboral del contagio y contempló los daños derivados de la enfermedad, incluidos los perjuicios psicológicos y morales. No obstante, la resolución aún no está firme y la parte condenada conserva la posibilidad de recurrirla.

Era trabajadora esencial y debía concurrir a la farmacia

El caso se remonta a la etapa más restrictiva de la pandemia, cuando gran parte de la población debía permanecer en sus hogares y determinadas actividades continuaban funcionando por ser consideradas esenciales.

Por su trabajo en una farmacia, la empleada debía presentarse en el establecimiento para cumplir con sus tareas. Según explicó su abogada, Evangelina Crovo, esa circunstancia resultó determinante para que se reconociera el origen laboral de la enfermedad.

La representación legal sostuvo que la trabajadora contrajo el virus mientras cumplía con sus obligaciones y que, desde entonces, su estado de salud sufrió un deterioro significativo.

La resolución judicial evaluó las pruebas presentadas en la causa y el informe médico que estableció el porcentaje de incapacidad. A partir de esos elementos, el tribunal reconoció el derecho a una reparación económica por las consecuencias que el contagio dejó en su organismo.

De una vida activa a las dificultades para caminar y subir escaleras

Antes de enfermarse, la mujer llevaba una vida activa, practicaba deportes y participaba de distintas actividades recreativas. Las secuelas respiratorias le impidieron mantener esa rutina y afectaron incluso acciones cotidianas que antes realizaba sin dificultades.

Su abogada describió el cambio que experimentó su clienta y señaló que actualmente presenta limitaciones importantes para caminar o subir escaleras sin agitarse.

El impacto de la enfermedad no se limitó a las consecuencias físicas. La demanda también contempló el daño psicológico y moral asociado a la pérdida de autonomía y a las restricciones que enfrenta desde el contagio.

El reconocimiento de una incapacidad del 60% fue uno de los elementos centrales para determinar el alcance de los daños. Según la letrada, las secuelas requieren atención y seguimiento a largo plazo.

Una indemnización de $176 millones

El Tribunal de Trabajo de Mar del Plata fijó una reparación de 176 millones de pesos para compensar los daños reconocidos en la sentencia.

El fallo constituye un nuevo antecedente sobre la responsabilidad y las reparaciones que pueden corresponder cuando una enfermedad contraída durante el cumplimiento de tareas laborales deja consecuencias incapacitantes.

De todos modos, la resolución no es definitiva. La abogada de la trabajadora aclaró que todavía existen instancias de apelación, por lo que el monto y los alcances de la condena podrían quedar sujetos a una revisión judicial.

Otro antecedente judicial por secuelas del coronavirus

El caso se suma a otros reclamos presentados por personas que contrajeron Covid-19 mientras cumplían tareas esenciales durante la emergencia sanitaria.

En abril, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 4 condenó al Estado Nacional a indemnizar a César Ariel Castillo, integrante de la Prefectura Naval Argentina, quien se contagió en junio de 2021 mientras prestaba servicios.

En esa causa, el demandante sostuvo que la enfermedad le había provocado secuelas físicas y psíquicas permanentes. El juzgado hizo lugar parcialmente al reclamo y dispuso el pago de $8.652.000 más intereses, por incapacidad sobreviniente, gastos de atención psicológica futura y daño moral.

La resolución consideró acreditadas las consecuencias del contagio y reconoció el derecho a obtener una reparación por los daños sufridos durante el cumplimiento de sus funciones.

Aunque se trata de procesos con circunstancias y ámbitos judiciales diferentes, ambos casos reflejan los reclamos de personas que debieron continuar trabajando durante la pandemia y que posteriormente acudieron a la Justicia para obtener una compensación por las secuelas que dejó la enfermedad.

En el caso de la farmacéutica de Mar del Plata, la indemnización de $176 millones representa un reconocimiento judicial de la gravedad de las consecuencias que sufrió. La resolución definitiva, sin embargo, dependerá de la evolución de las eventuales instancias de apelación.