La conducción provisoria del gremio metalúrgico enfrenta cuestionamientos por la falta de avances en la normalización institucional. Dirigentes del sector denuncian que se buscaría modificar el orden de los comicios para impedir que Abel Furlán vuelva a integrar el secretariado nacional. También cuestionan el presunto uso de la estructura sindical para impulsar la candidatura de Alberto Biglieri al Consejo de la Magistratura.

La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) continúa generando tensiones dentro del movimiento sindical. A casi cinco meses de la decisión judicial que desplazó a la conducción encabezada por Abel Furlán, todavía no hay certezas sobre cuándo se realizarán las elecciones para normalizar el funcionamiento del gremio, una demora que despierta fuertes críticas entre dirigentes metalúrgicos.

En ese escenario, las sospechas apuntan al interventor Alberto Biglieri, cuya gestión quedó bajo cuestionamiento por la falta de avances electorales y por las decisiones adoptadas desde su llegada al sindicato. Según referentes del sector citados por la prensa, existiría una intención de organizar los comicios de manera que Furlán quede al margen de una eventual nueva conducción nacional.

“Le tienen miedo a Furlán”, es la frase que, de acuerdo con esas fuentes, resume el malestar de una parte de la dirigencia.

Una intervención sin fecha de finalización

La intervención judicial de la UOM fue dispuesta el 22 de mayo de 2026, luego de que se cuestionara el proceso electoral en la seccional Campana. La controversia se originó en las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, cuando la opositora Lista Naranja denunció presuntas irregularidades en la reelección de Furlán.

La Justicia hizo lugar a esos planteos y dejó sin efecto el resultado electoral, una decisión que también repercutió sobre su continuidad al frente de la organización nacional. La particularidad del sistema de conducción de la UOM es que el secretariado nacional se conforma a partir de los dirigentes que encabezan las distintas seccionales, por lo que la situación de Campana tiene consecuencias directas sobre la integración de la conducción central.

Sin embargo, el paso del tiempo sin una convocatoria electoral concreta alimentó las críticas contra Biglieri. Según las versiones recogidas por medios especializados, dentro del sindicato ya circula un pedido para extender la intervención por otros seis meses, bajo el argumento de que todavía no están dadas las condiciones para completar la normalización.

La posibilidad de una prórroga profundizó las diferencias entre la intervención y los sectores que reclaman la restitución de la vida institucional del gremio.

La disputa por el orden de las elecciones

Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a la posibilidad de convocar primero a las elecciones del secretariado nacional y dejar para una instancia posterior los comicios de la seccional Campana.

Dirigentes metalúrgicos consultados por la prensa sostienen que esa alternativa podría perjudicar a Furlán, ya que su situación electoral en la seccional constituye un elemento central para determinar su posibilidad de volver a integrar la conducción nacional.

Los cuestionamientos también apuntan a que esa modalidad podría entrar en contradicción con las disposiciones estatutarias de la organización. Por el momento, la posibilidad forma parte de las denuncias y versiones atribuidas a referentes sindicales, sin que se haya informado una resolución definitiva sobre el calendario electoral.

En paralelo, Furlán y otros integrantes de la conducción desplazada impulsaron distintas presentaciones judiciales para revertir los efectos de la resolución que anuló las elecciones y dispuso la intervención. Entre ellas, se presentaron recursos de queja y apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La disputa, por lo tanto, no se limita a la fecha de los comicios: también involucra la interpretación de las normas internas y el futuro de la conducción de uno de los sindicatos industriales más importantes del país.

Cuestionamientos por la actividad política del interventor

Otro de los aspectos que genera controversia es la actividad de Biglieri en torno de su candidatura al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de intervenir en los procesos de selección y disciplina de los jueces nacionales y federales.

El interventor integra la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, que participa de la elección prevista para el 20 de octubre. En ese contexto, dirigentes metalúrgicos cuestionaron la presencia habitual de asesores y operadores políticos en la sede central del gremio, ubicada en la calle Alsina, y denunciaron un supuesto uso de la estructura sindical con fines ajenos a la administración de la UOM.

Entre los nombres mencionados en las versiones periodísticas aparecen Daniel Mario Burke y Omar Yasín, exsecretario de Trabajo durante la gestión de Javier Milei y exfuncionario del área laboral durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fuentes sindicales citadas por la prensa sostienen que la sede gremial habría adquirido una dinámica vinculada con la campaña del interventor. Se trata de acusaciones que, hasta el momento, no permiten establecer por sí mismas la existencia de irregularidades comprobadas.

La intervención también quedó bajo observación por sus vínculos con distintos sectores del ámbito judicial y político. Biglieri fue designado por jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en una decisión que recibió cuestionamientos de sectores sindicales desde el inicio.

Paritarias y cambios en las relaciones laborales

Mientras continúa la incertidumbre sobre la normalización institucional, la intervención avanzó en otras áreas de gestión. Durante estos meses se activaron las negociaciones paritarias de las ramas metalmecánica y siderúrgica, con acuerdos salariales que se extienden hasta 2027.

Además, la conducción provisoria informó la firma de un acuerdo colectivo con FTN Motors, la razón social bajo la cual opera en el país la automotriz Foton, que desarrolla un proyecto industrial en Campana junto con el Grupo Corven. El entendimiento incluyó un sistema de banco de horas, una modalidad que también despertó cuestionamientos en el ámbito sindical por sus implicancias sobre la organización de la jornada laboral.

Las decisiones se producen en un contexto de debate sobre la reforma laboral y sus efectos sobre las condiciones de trabajo. Para los sectores críticos de la intervención, la discusión sobre estos acuerdos no puede separarse de la falta de definiciones acerca de quiénes tendrán legitimidad institucional para conducir el sindicato.

También se señala el regreso de operadores vinculados al Grupo Olmos, que tuvo participación en la administración sindical durante la etapa de Antonio Caló. Según las versiones recogidas por medios gremiales, esos sectores habrían recuperado influencia en la estructura de la organización, particularmente en el área de la obra social.

Una disputa que sigue abierta

La falta de un cronograma electoral definido mantiene abierta la disputa por el futuro de la UOM. Mientras la intervención continúa al frente del sindicato y avanza con decisiones salariales y organizativas, los sectores vinculados con la conducción desplazada reclaman garantías para que la normalización se realice de acuerdo con el estatuto y sin restricciones a la participación de sus dirigentes.

La eventual extensión de la intervención y las versiones sobre un esquema electoral que podría dejar a Furlán fuera de la conducción nacional anticipan nuevos cruces judiciales y sindicales.

Por ahora, el desenlace depende de las próximas decisiones judiciales y de la definición de un calendario que permita recuperar la institucionalidad del gremio. La incógnita central sigue siendo cuándo se convocará a elecciones y bajo qué condiciones podrán participar los distintos sectores de la dirigencia metalúrgica.