La crisis que atraviesa la industria electrónica y autopartista de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo con la firma de un acuerdo entre la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Grupo Mirgor. El entendimiento, presentado ante la Secretaría de Trabajo provincial, establece cambios en las condiciones laborales, habilita suspensiones con quitas salariales y fija límites a distintas formas de organización y protesta sindical dentro de las plantas.

El convenio, que tendrá vigencia hasta fines de diciembre de 2026, autoriza a las empresas del grupo a disponer suspensiones de hasta 15 días mensuales por trabajador. Durante esas jornadas, los operarios cobrarán una suma no remunerativa equivalente al 75% del salario diario neto, lo que representa una reducción del 25% de los ingresos correspondientes a los días en que no presten tareas.

La medida se presenta en un contexto de caída de la actividad industrial y reducción de los niveles de producción, con consecuencias directas sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores del sector.

Un premio anual condicionado

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el establecimiento de un premio anual de $3.300.000. De ese monto se descuenta un adelanto de $180.000, por lo que el saldo previsto para el pago asciende a $3.120.000 por trabajador.

Según las condiciones difundidas, el beneficio estará sujeto a parámetros de productividad, presentismo y cantidad de días efectivamente trabajados. El esquema contempla un primer desembolso de $1.000.000, previsto para el 15 de octubre, y un segundo pago de $2.120.000, establecido para el 31 de diciembre de 2026.

La modalidad de liquidación también genera controversia: el 90% del premio se abonaría en dinero, mientras que el 10% restante se entregaría mediante productos.

Además, el artículo que difundió el acuerdo señala que los trabajadores que no avalaron el acta quedaron excluidos del plus anual, una decisión que profundiza las diferencias entre quienes aceptaron las condiciones negociadas y quienes las cuestionaron.

Restricciones a las asambleas y las medidas de fuerza

Uno de los aspectos más sensibles del entendimiento está relacionado con las condiciones para el ejercicio de la actividad gremial dentro de los establecimientos.

El convenio incorpora cláusulas de paz social que comprometen a la representación sindical y al personal a evitar medidas que interrumpan las líneas de producción. Los reclamos deberán canalizarse a través de instancias de diálogo previstas en el propio acuerdo.

En ese marco, se establece la posibilidad de realizar una sola asamblea mensual, con una duración máxima de 20 minutos. Las reuniones deberán notificarse con 24 horas de anticipación y llevarse a cabo al comienzo o al cierre de los turnos laborales.

El texto también prevé la aplicación de sanciones disciplinarias ante eventuales incumplimientos de estas disposiciones. De este modo, las condiciones acordadas abren interrogantes sobre el margen de acción de los delegados y los trabajadores para organizar reclamos dentro de las fábricas.

Otro punto incluido es la consideración de la producción automotriz como actividad esencial, en el marco de las obligaciones de continuidad productiva asumidas por las partes.

El banco de horas quedó afuera del acuerdo

El entendimiento contempla, además, mecanismos de retiros voluntarios y la conformación de una Comisión Interna Gremial Única para unificar la representación sindical.

Sin embargo, uno de los planteos empresariales no prosperó: la incorporación de un sistema de banco de horas. Esa herramienta, que permite compensar horas trabajadas de más con períodos posteriores de descanso, quedó fuera del convenio.

Aunque la exclusión evitó incorporar ese mecanismo a las condiciones pactadas, el acuerdo introduce otras modificaciones que afectan la organización de las jornadas laborales y la capacidad de los trabajadores para desarrollar medidas colectivas.

Una negociación atravesada por diferencias internas

La firma del convenio también dejó expuestas diferencias dentro del colectivo de trabajadores. La exclusión del premio anual para quienes no respaldaron el acta aparece como uno de los principales focos de conflicto, al vincular un beneficio económico con la aceptación del entendimiento.

Este escenario se desarrolla en medio de una fuerte retracción de la actividad industrial fueguina. Según los datos consignados en la información que dio origen a esta nota, el sector acumula más de 3.000 despidos en poco más de un año, mientras que la caída del empleo electrónico alcanzó el 32,8% entre diciembre de 2024 y abril de 2026.

La reducción de la producción, los recortes de turnos y la pérdida de puestos de trabajo conforman un panorama que presiona tanto sobre las empresas como sobre las organizaciones sindicales y sus bases.

El acuerdo entre la UOM Río Grande y Mirgor refleja esa tensión: por un lado, busca establecer condiciones para sostener la actividad y preservar puestos de trabajo en un escenario adverso; por otro, habilita suspensiones con reducción de ingresos e impone límites a la actividad gremial dentro de las plantas.

Con vigencia hasta diciembre de 2026, el convenio abre un nuevo debate sobre el costo que deben asumir los trabajadores para sostener el empleo en Tierra del Fuego y sobre el alcance de las condiciones aceptadas en una negociación atravesada por la crisis industrial y las diferencias internas.