La Cámara Laboral de General Roca dictó una sentencia clave en defensa de los derechos laborales: ordenó a la empresa Italagro S.A. indemnizar a un trabajador rural que prestó servicios durante 29 años bajo condiciones irregulares. El hombre, que se desempeñaba como tractorista en una chacra de Chimpay, cobraba su salario en cuotas, firmaba recibos en blanco y nunca recibió aportes previsionales ni certificados laborales adecuados.

El fallo obliga a la firma a pagar sueldos adeudados, indemnización por despido, vacaciones no gozadas, aguinaldos, preaviso y otros conceptos establecidos por la ley, además de multas por incumplimientos. También ordena la entrega de los certificados laborales correctamente firmados, un paso fundamental para que el trabajador pueda regularizar su situación previsional.

El conflicto se originó cuando el trabajador presentó un reclamo ante la Delegación de Trabajo por falta de pagos y aportes. Aunque en un primer momento se alcanzó un acuerdo conciliatorio, la empresa no lo cumplió. Ante esa situación, el empleado se consideró despedido, mientras que Italagro intentó justificar su desvinculación como un “abandono de trabajo”.

Durante el juicio, el tribunal valoró no solo las pruebas documentales y los peritajes, sino también el testimonio de excompañeros que confirmaron que la modalidad de pagos irregulares era común en la empresa. La Cámara también tuvo en cuenta el contexto de vulnerabilidad del trabajador, quien aceptaba esas condiciones para no perder el acceso a la obra social.

La representación legal estuvo a cargo del estudio jurídico SPS, integrado por los abogados Mariano Sacchetti, Gaspar Poggioli Kloster y Martina Sabbatella. Gracias a su actuación, se logró visibilizar una situación de precariedad laboral sostenida durante casi tres décadas.

El fallo sienta un precedente importante en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales, un sector históricamente afectado por la informalidad y los abusos laborales.