El Juzgado de Garantías N° 3 de Trenque Lauquen resolvió el sobreseimiento total de seis trabajadores imputados en la causa “Moreno, Gastón Emilio y otros s/ Compulsión a la huelga” (PP-17-00-003792-22/00), en un fallo considerado testigo frente a otros procesos similares que buscan criminalizar la protesta sindical.

La resolución judicial, que desestima la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, absuelve a los trabajadores Gastón Emilio Moreno, Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín, Sergio Raúl Longo, Abel Osmar Damico y Diego Armando Alarcón. Además, declara improcedente el embargo solicitado por la parte querellante, al entender que la empresa denunciante no es víctima directa de los hechos.

El fallo se apoya en los artículos 158 del Código Penal y 323 inciso 3 del Código Procesal Penal, y sostiene que las conductas atribuidas —vinculadas a supuestas amenazas e intimidaciones en el marco de una huelga— no revisten el nivel de violencia física exigido para configurar el delito de “compulsión a la huelga”. En consecuencia, los hechos resultan atípicos desde el punto de vista penal.

“La medida fortalece el derecho constitucional de huelga y reconoce la legitimidad de nuestras acciones sindicales”, expresó Gastón Moreno, secretario general de ATILRA, al conocerse la decisión.

Por su parte, el abogado defensor Gonzalo Díaz Cantón destacó la importancia jurídica de la sentencia: “Esta resolución marca un precedente: la protesta social pacífica no puede ser criminalizada bajo el falso pretexto de coacción cuando no hay violencia física real”.

El Tribunal analizó declaraciones testimoniales, pericias y jurisprudencia previa, concluyendo que, aunque existieron expresiones de tono intimidante durante la medida de fuerza, éstas no cumplen con los requisitos legales para constituir un delito penal.

El fallo es visto como un precedente importante para otras causas abiertas en el país que buscan judicializar el derecho a huelga. Para muchos sectores sindicales, la decisión de Trenque Lauquen reafirma la necesidad de garantizar las herramientas legales de los trabajadores para organizarse y protestar en defensa de sus derechos.