La crisis económica comenzó a impactar con mayor intensidad sobre el sistema educativo privado de la Ciudad de Buenos Aires. La combinación de caída del poder adquisitivo, dificultades de las familias para afrontar las cuotas, reducción de la matrícula y aumento de los costos de funcionamiento derivó en cierres de establecimientos, fusiones y pérdida de puestos laborales.

Según información difundida por la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), entre octubre de 2025 y febrero de 2026 dejaron de funcionar cinco instituciones educativas privadas en distintos barrios de la Ciudad, mientras que otro establecimiento anunció que cerrará sus puertas al finalizar el año. En ese proceso, el gremio estima que se perdieron alrededor de 400 empleos.

Entre los establecimientos que dejaron de funcionar aparecen el Instituto Coreano Argentino, de Flores, que cerró en octubre de 2025; el Instituto Anunciación de María, de Belgrano; el Instituto Virgen del Valle, de Colegiales; el Jardín de Infantes Daddy Ross, de Monte Castro; y el Instituto Formar Futuro, de Villa Real, que cerró en febrero de este año.

A esa lista se suma el Saint Martin School, de Belgrano, que dejará de funcionar a fines de 2026.

Fusiones y puestos de trabajo en riesgo

La reorganización del sector también incluyó fusiones entre instituciones. Según SADOP CABA, se produjeron procesos de integración entre los colegios San Tarsicio y Misericordia, y entre Los Robles y Escuela Argentina Modelo.

Desde el sindicato reclaman que estas operaciones no se traduzcan en pérdida de puestos de trabajo.

“A cualquier fusión de colegios debe garantizar todos los puestos laborales”, sostuvo Alejandra López, secretaria general de SADOP CABA. La dirigente remarcó además que una parte significativa de quienes trabajan en la docencia privada son mujeres y jefas de hogar, por lo que una desvinculación laboral puede tener un fuerte impacto sobre los ingresos familiares.

El gremio también puso el foco sobre la relación entre salarios e ingresos necesarios para sostener una familia. De acuerdo con un relevamiento de SADOP CABA, durante agosto una docente porteña jefa de hogar con cuatro integrantes necesitó $4.221.612 para cubrir la Canasta Básica Total. Según ese mismo estudio, el salario docente representaba apenas el 24,63% de ese monto.

La morosidad se convirtió en otro problema

El deterioro de los ingresos familiares también aparece reflejado en el pago de las cuotas escolares. Datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA), citados en el informe, ubican la morosidad promedio nacional en torno al 11%, aunque en determinadas instituciones puede trepar hasta niveles de entre 30% y 40%.

Para las instituciones, el problema se vuelve doble: mientras aumentan los costos salariales, de servicios y mantenimiento, una parte de las familias demora o directamente deja de pagar las cuotas.

Desde el sector educativo privado advierten que, cuando los incrementos de costos no pueden trasladarse completamente a las cuotas, se genera un desfasaje financiero que puede profundizar las dificultades de las instituciones.

La situación también repercute sobre la matrícula. Un establecimiento educativo de Almagro, por ejemplo, habría pasado de contar con 173 alumnos en 2025 a 110 durante este año, mientras que para 2027 tendría hasta el momento unos 80 estudiantes confirmados.

La mirada sobre 2027

El escenario que proyectan desde SADOP CABA tampoco resulta alentador. El sindicato estima que la matrícula terciaria y universitaria podría registrar una caída de entre 25% y 28% durante 2027.

También existe preocupación por el futuro de jardines maternales que no están incorporados a la enseñanza oficial. Según el gremio, algunos podrían cerrar hacia fin de año debido a la combinación de menor cantidad de nacimientos, caída de la matrícula, aumento de los costos de infraestructura y dificultades de las familias para sostener las cuotas.

A la presión económica se suma así un factor demográfico. La disminución de la natalidad reduce progresivamente la cantidad de potenciales alumnos, mientras que la pérdida de poder adquisitivo limita la capacidad de las familias para afrontar el costo de la educación privada.

El resultado es un escenario en el que menos alumnos, mayor morosidad y costos crecientes presionan sobre las instituciones, con consecuencias directas sobre la continuidad de establecimientos y la estabilidad laboral de docentes y trabajadores del sector.