La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibador (OSPRERA) continúa envuelta en denuncias y controversias. Afiliados y trabajadores acusan al interventor Graciano Iván Corte de llevar adelante un presunto plan de vaciamiento, con recortes drásticos en prestaciones esenciales y maniobras que beneficiarían a prestadores privados.

Según las denuncias, Corte percibiría un sueldo cercano a los 6 millones de pesos mensuales, mientras afiliados reportan la suspensión de tratamientos oncológicos, cirugías y cobertura de medicación de alto costo. A esto se suma la contratación como asesor legal de Adrián Rousseau, exjefe de la barra brava de River Plate, lo que generó aún más cuestionamientos.

“El objetivo es vaciar la obra social y derivar a los afiliados a prepagas amigas”, sostienen trabajadores de la entidad.

Vínculos políticos y empresariales en la mira

Las sospechas se amplifican por los lazos entre la obra social, la empresa Suizo Argentina S.A. —propiedad de la familia Kovalivker— y sectores del poder político. Este entramado salpica a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y a funcionarios como el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El acta acuerdo con Suizo Argentina

En paralelo, trascendió un acta acuerdo firmada el 23 de enero de 2025 entre OSPRERA —representada en ese momento por el interventor Marcelo Petroni— y Suizo Argentina, a través de Matías Morosi.

El documento establece un plan de pagos por las facturaciones realizadas entre agosto y diciembre de 2024. OSPRERA se compromete a abonar la deuda “conforme el excedente y disponibilidad” de la obra social, mientras que Suizo Argentina garantiza “mantener vigente la provisión de medicamentos a los afiliados”.

Ambas partes acordaron volver a reunirse en marzo para definir el saldo pendiente de cancelación.

¿Priorizar a los grandes prestadores y recortar a los afiliados?

La revelación del acuerdo abre un fuerte interrogante: ¿la intervención está intentando ordenar las cuentas de la obra social o, como denuncian los trabajadores, favorece a grandes prestadores mientras recorta prestaciones a los afiliados más vulnerables?

Las críticas se intensifican, ya que mientras se negocian pagos millonarios con una de las principales empresas proveedoras, otros sectores —como discapacidad— denuncian demoras e incumplimientos.

La polémica sobre la conducción de OSPRERA sigue escalando, con denuncias de corrupción, vínculos políticos y un creciente malestar entre los más de 700.000 afiliados rurales, quienes advierten que el vaciamiento podría derivar en el colapso de la obra social más grande del país.