La disputa en torno a la reforma laboral sumó un nuevo capítulo en el frente judicial. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) presentó una acción de amparo para frenar la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, en línea con otros gremios que cuestionan distintos aspectos de la normativa impulsada por el Gobierno.

La presentación fue impulsada por el secretario general del sindicato, Raúl Durdos, y ya se encuentra en trámite en la justicia laboral. Desde la organización señalaron que el objetivo es impedir la implementación de artículos que, a su entender, vulneran derechos constitucionales de los trabajadores del sector marítimo y pesquero.

El eje del reclamo apunta principalmente a las modificaciones en el derecho de huelga y a las limitaciones sobre las medidas de acción sindical. Según el gremio, estos cambios entrarían en conflicto con garantías establecidas en la Constitución Nacional y en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, el SOMU cuestionó el avance de esquemas de negociación por empresa o incluso individuales, que podrían reemplazar a los convenios colectivos de actividad. Para el sindicato, esta orientación debilita la representación gremial y fragmenta la capacidad de negociación de los trabajadores.

Otro punto de conflicto es la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, que actualmente asegura la vigencia de los acuerdos hasta la firma de uno nuevo. Desde el gremio advierten que los cambios propuestos podrían dejar a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las empresas.

En su presentación, el sindicato también solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La iniciativa del SOMU se suma a otras acciones judiciales dentro del mismo sector. Tanto el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) como el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) ya habían acudido a la Justicia con planteos similares, especialmente en rechazo a disposiciones que excluyen al personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.

De este modo, el frente judicial contra la reforma laboral continúa ampliándose y anticipa un escenario de litigios prolongados, en el que distintos actores sindicales buscan frenar o modificar los cambios que impactan sobre las condiciones laborales y la organización del trabajo en la Argentina.