El abogado Matías Aufieri fue herido con una bala de goma disparada al rostro por la Policía Federal durante una protesta contra la Ley Bases. Perdió un ojo, pero la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) le negó el CUD y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dilató el trámite para reconocer su incapacidad. “Es un doble ataque del Estado”, denuncia.

Matías Aufieri es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y asesor del bloque de diputados del Frente de Izquierda. El 1° de febrero de 2024, mientras el Congreso debatía la Ley Bases, recibió un balazo de goma en la cara durante la represión comandada por Patricia Bullrich. La herida le costó la pérdida total de la visión en un ojo. Quince meses después, tras tres operaciones, el daño es irreversible.

Pero el calvario no terminó ahí. El propio Estado que lo hirió le niega ahora los derechos básicos derivados de su discapacidad.

La negativa de la Andis

Aufieri solicitó el Certificado Único de Discapacidad (CUD), requisito para acceder a beneficios sociales, laborales y de transporte. Sin embargo, la junta médica de la Andis rechazó el trámite porque, según la normativa vigente, “la persona debe tener menos del 30% de visión total”. Como el abogado conserva visión en el otro ojo, el organismo concluyó que no corresponde otorgarlo.

“La normativa es confusa y fue cambiada varias veces por este mismo Gobierno. Yo tengo trabajo, obra social, no pedía una pensión ni un gasto extra. Solo el CUD. El Estado me cegó y ahora me niega un derecho. No es por equilibrio fiscal: es por abandono y corrupción”, denunció en redes sociales.

El rechazo se produjo en medio del escándalo por las coimas en la compra de medicamentos en la Andis, que costó el cargo a Diego Spagnuolo, su extitular. Aufieri vinculó su caso a esa trama: “Este Gobierno le quita prestaciones a las personas con discapacidad no para ahorrar, sino para robársela ellos”.

Un problema laboral también ignorado

El abogado también tramitó el reconocimiento de su incapacidad en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ya que fue herido mientras trabajaba en el Congreso. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo postergó la definición del caso por varios meses.

“Fue el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia, el que difirió el trámite. Es una manera de favorecer a las aseguradoras de riesgo de trabajo, que ganan tiempo mientras el afectado sigue esperando”, cuestionó.

“Un doble ataque del Estado”

Aufieri resume su situación como un círculo perverso: primero la represión le arrebató la visión, y después el Estado le negó toda reparación. “Es un ataque doble: me inutilizaron un ojo y ahora me niegan los derechos. Mi caso es apenas uno entre miles, pero muestra con claridad el modelo libertario: abandonan incluso a quienes dañaron con sus propias balas”, dijo a Página/12.

Mientras evalúa judicializar la negativa del CUD, sigue militando como querellante en causas por represión estatal. “Decidí dar a conocer mi caso porque contradice de manera brutal el discurso oficial. El Gobierno habla de meritocracia y esfuerzo individual, pero ni siquiera se hace cargo de quienes mutila en sus propias marchas”.