La Casa Rosada busca que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) investigue el origen de las filtraciones que comprometen a la hermana del Presidente. Mientras tanto, se multiplican las denuncias judiciales por presunto espionaje ilegal y por el uso de la inteligencia con fines políticos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó trascender que el Gobierno quiere que la SIDE rastree de dónde salieron los explosivos audios atribuidos a Karina Milei. Las grabaciones, que la mencionan en una trama de recaudación paralela, encendieron todas las alarmas en Balcarce 50.

El problema: la SIDE dista de ser un organismo transparente. Desde que Javier Milei decidió resucitarla por decreto, su funcionamiento quedó envuelto en sombras. El DNU 614/2024 reorganizó el sistema de inteligencia sin pasar por el Congreso y fragmentó la agencia en cuatro brazos —SIA, ASN, AFC y DAI— todos bajo la órbita de Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Reformas en las tinieblas

El decreto presidencial no tardó en cosechar impugnaciones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional y que aclare si la nueva Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) puede interceptar comunicaciones sin orden judicial.

La SIDE respondió solicitando que todo el expediente quedara bajo reserva, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional. Pero el juez Santiago Carrillo rechazó el pedido y recordó que la publicidad de los actos judiciales es obligatoria desde 2015. Pese a eso, el Gobierno ya anticipó que podría insistir en la Corte Suprema.

Una larga lista de denuncias

En paralelo, crecen las causas judiciales contra el organismo. En marzo, el diputado Facundo Manes denunció a Caputo tras sentirse amenazado por él y advirtió que la SIDE podía ser usada en su contra.

En junio, directivos del CELS denunciaron posible espionaje ilegal luego de que el periodista Hugo Alconada Mon revelara que el Plan de Inteligencia Nacional habilitaba la vigilancia sobre disidentes. Poco después, trascendió un informe de la SIDE que detallaba actividades de opositores para el 9 de julio. Allí figuraban dirigentes sindicales, legisladores e incluso el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La fiscal Ana Miriam Russo consideró que ese reporte violaba la ley, que prohíbe recolectar información sobre personas por su opinión política o pertenencia a organizaciones sociales. El caso generó un conflicto de competencia entre tribunales de La Plata y Comodoro Py, donde terminó recayendo por decisión del juez Alejo Ramos Padilla.

Ecos del macrismo y el caso Spagnuolo

Las denuncias de espionaje se suman al ruido por las filtraciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que también mencionan a Karina Milei. La causa quedó en manos del juez Sebastián Casanello, quien subroga el juzgado que intervino primero en la denuncia de Manes.

En este contexto, la SIDE —que el oficialismo pretendía blindar bajo el secreto— aparece cada vez más expuesta. Lo que comenzó como un intento de controlar el daño político de los audios amenaza con abrir un frente judicial de alto voltaje para el gobierno de Javier Milei.