La activista y fundadora del Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, Andrea Guacci, dialogó en una entrevista radial sobre el impacto creciente de este fenómeno en la sociedad y en el sistema judicial.

Guacci explicó que el frente nació como una coalición de mujeres que se organizaron tras haber sido víctimas “detrás de una víctima”, es decir, familiares o allegadas a hombres injustamente acusados. Si bien reconoció la existencia real de la violencia de género, advirtió que el número de denuncias falsas “va en aumento, sobre todo en separaciones conflictivas, ámbitos laborales y casos de extorsión”.

“Hoy tenemos personas que pasan años privadas de su libertad únicamente por un relato, sin pruebas ni testigos. La carga de la prueba se invierte: el acusado debe demostrar que algo no ocurrió. ¿Cómo se prueba lo que no existió?”, cuestionó.

La referente señaló que muchas causas terminan en sobreseimiento tras años de proceso, pero el daño personal, laboral y social ya es irreversible. “El Estado nunca reconoce sus errores, porque hacerlo implicaría admitir mal desempeño judicial. A quienes se arrepienten de haber denunciado falsamente ni siquiera les toman declaración”, agregó.

Guacci también remarcó que el problema se agrava en los casos donde hay menores involucrados y se utilizan cámaras Gesell: “La pericia depende del profesional que intervenga y muchas veces no están capacitados. Se cierran causas con la primera declaración y no se vuelven a revisar, incluso cuando el chico después dice que nunca pasó nada”.

La activista advirtió que el actual marco normativo, sustentado en convenios internacionales como el de Belém do Pará, establece que el relato de la denunciante constituye prueba suficiente, lo que genera una condena social inmediata. “El denunciado ya carga con la etiqueta de culpable porque los medios y la justicia llaman ‘víctima’ a quien acusa, sin esperar la sentencia”, sostuvo.

Por último, subrayó que la proliferación de denuncias falsas “termina perjudicando también a las verdaderas víctimas de violencia, que muchas veces no encuentran la atención urgente que necesitan”.

“Se ha roto la igualdad ante la justicia. Hoy hay una perspectiva ideológica que protege solo a un sector muy específico, y los jueces que intentan actuar con imparcialidad se arriesgan a ser denunciados o perder su cargo. Esto no es justicia, es una injusticia inversa”, concluyó.