Una grave denuncia por estafa y usurpación sacude al Barrio Parque Gonnet Sociedad Civil, donde una vecina asegura haber sido despojada de su vivienda mediante una operatoria irregular que ya llegó a la Justicia penal.

La damnificada, María Rosa Asereny, denunció ante la UFI N°16 que en 2004 adquirió un departamento ubicado en calle 500 entre 30 y 31, abonando 10 mil dólares y recibiendo la posesión del inmueble a través de una supuesta cesión de derechos societarios. Según sostuvo, el esquema encubría en realidad una compraventa de propiedad.

Sin embargo, tras años de conflicto, en noviembre de 2022 la mujer denunció que fue desalojada de manera violenta y clandestina: “me cambiaron las cerraduras, colocaron rejas y se apoderaron de mis pertenencias, incluyendo muebles y objetos personales”, relató en la presentación judicial.

La denuncia apunta directamente contra Ángel Fiorito, administrador del barrio cerrado, acusado de canalizar pagos de expensas a su cuenta personal y no a nombre de la asociación civil, lo que habría dejado a los asociados sin garantías jurídicas.

En paralelo, la víctima expuso que sufrió un trato abusivo y discriminatorio como socia: se le impidió participar en asambleas, no recibió información sobre liquidaciones y se cerró la oficina administrativa donde debía abonar las cuotas. Todo esto derivó en la supuesta “mora” utilizada como pretexto para quitarle la vivienda.

La causa, caratulada “Fiorito, Ángel s/ Estafa (art.172) y Usurpación de inmueble (art.181 inc.1º)” (IPP PP-06-00-058966-24/00), se encuentra en investigación.

A su vez, en el fuero civil se intentó una instancia de mediación entre las partes, que concluyó sin acuerdo el pasado 1 de octubre de 2024 en el Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata.

El abogado de la denunciante, Dr. Roberto Dardo Guzmán, remarcó que el contrato es “abusivo y nulo de pleno derecho” en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, y pidió que se restituya la vivienda a su clienta.

Mientras tanto, el expediente penal continúa avanzando y podría sentar un precedente clave respecto a la operatoria de algunas asociaciones civiles utilizadas como pantalla para negocios inmobiliarios irregulares.