Después de intensas negociaciones, movilizaciones y asambleas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró frenar el ajuste que el Gobierno de Javier Milei había propuesto para la institución. En una reunión clave del directorio, se aprobó una reestructuración que, si bien elimina algunos espacios y reduce la cantidad de direcciones, garantiza la conservación de los puestos de trabajo, evitando así la eliminación de agencias y la puesta en disponibilidad de miles de empleados, como inicialmente planteaba el Gobierno.

Según Mario Romero, secretario general de la Asociación de Profesionales del INTA (Apinta), la propuesta inicial del Gobierno buscaba desmantelar la institución, cerrando agencias y reduciendo la plantilla de trabajadores a 4.500. Sin embargo, la "Propuesta integral de adecuación y fortalecimiento de los recursos humanos", elaborada por la Dirección Nacional, fue aprobada por una mayoría de 7 a 3 en el Consejo Directivo del INTA, evitando así una reestructuración más drástica. La votación evidenció una división dentro del Consejo, con los representantes del Gobierno siendo los únicos en apoyar el ajuste.

La reestructuración aprobada incluye el cierre de 41 agencias de las 299 que actualmente posee el INTA, y la disolución de algunas unidades internas, como la "unidad de consultoría". Además, se implementarán reubicaciones de personal y la fusión de algunas de sus estaciones experimentales, como la de AMBA, que se integrará al Instituto Para la Agricultura Familiar (IPAF). Aunque se reducirá el número de empleados a 5.560 para 2026, la propuesta garantiza que no habrá despidos masivos, y los recortes se gestionarán a través de jubilaciones y otros movimientos naturales de personal.

Este proceso de reestructuración se produce en un contexto de tensiones políticas. Los gremios del INTA, como ATE y Apinta, han denunciado la intromisión de funcionarios del Gobierno con poca experiencia en el ámbito de la investigación y la tecnología agropecuaria, además de señalar que las decisiones recientes favorecen a grandes corporaciones del sector agroindustrial en detrimento de los pequeños productores. "Con este Gobierno no se puede descartar nada, vienen también por la venta de tierras del INTA", advirtió Julieta Boedo, delegada de ATE y miembro de la Coordinación Nacional de ATE-INTA, haciendo referencia a la venta de propiedades del instituto, como el histórico edificio de Cerviño.

El INTA es una pieza clave en el sistema de ciencia y tecnología del país, brindando apoyo tanto a pequeños como grandes productores agropecuarios. A lo largo de los años, ha sido responsable de importantes avances, como el desarrollo de cultivos de soja resistentes o la secuenciación del genoma de la "chicharrita", una plaga que afecta a la producción de maíz. La reestructuración pone en juego no solo el futuro de la institución, sino también el rol del Estado en la innovación agrícola y la transferencia de tecnologías sostenibles para el sector agroindustrial.

Con el cierre de agencias y la reducción de su personal, el INTA, una de las principales instituciones del sector público en el país, enfrenta desafíos significativos en su capacidad para seguir desempeñando su rol fundamental en la mejora de la productividad agrícola y la colaboración público-privada. A pesar de este avance en las negociaciones, los gremios mantienen su alerta ante futuras posibles medidas que puedan poner en peligro la estabilidad de la institución y el trabajo de miles de científicos y técnicos.