El Gobierno nacional consiguió un nuevo movimiento favorable en la disputa judicial por la Reforma Laboral y avanza en su objetivo de trasladar las causas más sensibles al fuero Contencioso Administrativo Federal, un ámbito donde la administración libertaria considera tener mayor margen de influencia institucional y política.

Luego de que la Justicia derivara al fuero Contencioso los incidentes vinculados a la presentación realizada por la CGT contra la reforma, ahora también quedó bajo análisis el expediente impulsado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que busca frenar el traspaso de la Justicia Laboral a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La definición comenzó a tomar forma tras una resolución de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, que remitió actuaciones relacionadas con la causa de la CGT al fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí se debatirán aspectos centrales de la constitucionalidad de la Reforma Laboral promovida por el Gobierno.

En paralelo, también se solicitó una definición al presidente de la Cámara del Trabajo respecto de la competencia en la causa iniciada por la UEJN, el sindicato que conduce Julio Piumato, contra el Estado nacional.

La organización gremial cuestionó la constitucionalidad de los artículos 79, 90 y 91 de la denominada Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), así como también distintos puntos del decreto reglamentario 95/2026. El eje del planteo radica en el traslado de competencias judiciales laborales desde la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según argumentó la UEJN en su presentación, el proceso podría afectar la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales, además de modificar las condiciones de trabajo dentro del fuero laboral.

“El acuerdo de transferencia no prevé expresamente el pase automático de los empleados judiciales de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Justicia porteña”, advirtió el gremio en el escrito presentado ante la Justicia.

El sindicato sostuvo además que el texto deja sin precisiones aspectos sensibles vinculados a la continuidad laboral, el régimen salarial, el escalafón y la carrera judicial de los trabajadores del sector.

“En consecuencia, la cuestión relativa al personal judicial y afiliado representado por la UEJN queda diferida a acuerdos posteriores, generando un marco de indeterminación respecto de su situación jurídica y funcional”, remarcó la organización sindical.

La ofensiva oficial para trasladar las discusiones judiciales al fuero Contencioso Administrativo Federal se interpreta en el ámbito gremial y judicial como parte de una estrategia integral para blindar la Reforma Laboral y reducir la capacidad de intervención de la Justicia del Trabajo, históricamente más receptiva a los planteos sindicales y laborales.