El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios que busca achicar su planta en al menos 1.500 trabajadores. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, se inscribe en una estrategia de reestructuración del organismo y fija como fecha límite de adhesión el próximo 31 de mayo.

La medida fue oficializada tras la aprobación del reglamento por parte del Consejo Directivo del instituto, en línea con el objetivo de reducir la dotación actual —que ronda los 5.800 empleados— a unos 4.500. El recorte impactaría especialmente en las Agencias de Extensión, consideradas históricamente como el nexo entre la producción científica y los productores agropecuarios.

Según el esquema definido, podrán acceder al retiro los trabajadores de planta permanente con al menos tres años de antigüedad al 30 de abril de 2026, siempre que no se encuentren alcanzados por las causales de exclusión previstas. Entre ellas figuran situaciones como estar próximo a jubilarse, haber iniciado trámites previsionales o estar involucrado en procesos disciplinarios o judiciales.

El programa contempla el pago de una “gratificación extraordinaria de egreso”, calculada en base a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, el beneficio establece topes: para quienes tengan más de 60 años, el máximo será equivalente a 24 salarios, mientras que para los mayores de 64 se reduce a 12.

Desde el organismo aclararon que la adhesión no garantiza automáticamente su aprobación, ya que cada solicitud será evaluada para evitar la salida de perfiles considerados estratégicos. En caso de ser aceptado, el retiro implicará la desvinculación definitiva del trabajador, con el cobro de la compensación en un solo pago dentro de los 30 días posteriores al cese.

El plan también incluye restricciones: quienes se acojan al régimen no podrán reingresar al INTA ni a otros organismos del sector público nacional, con excepción de las universidades.

La iniciativa se da en un contexto de ajuste sobre el sistema científico-técnico y luego de meses de tensiones por recortes presupuestarios. Desde distintos sectores advierten que la reducción de personal podría afectar la capacidad operativa del organismo, en especial en áreas vinculadas a la asistencia técnica, la investigación aplicada y la generación de información para el sector agropecuario.

Con este nuevo programa, el Gobierno avanza en su política de achicamiento del Estado, mientras crece la incertidumbre entre trabajadores y técnicos sobre el futuro del INTA y su rol en el desarrollo productivo del país.