Un alto funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) denunció ante la Justicia federal presuntas maniobras internas para obstruir una investigación por un fraude millonario vinculado al Sindicato de Camioneros. La presentación apunta contra autoridades del organismo durante la gestión de Javier Milei.

El denunciante, Manuel Rodríguez, con más de tres décadas de trayectoria en el organismo, aseguró que fue desplazado de su cargo luego de cuestionar órdenes destinadas a frenar fiscalizaciones sobre proveedores presuntamente apócrifos vinculados al hotel del gremio que conduce Hugo Moyano. La causa también es investigada en el ámbito de la justicia provincial.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata, las presiones habrían sido ejercidas por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana, quien responde al titular de la DGI, Mariano Mengochea, y al jefe de ARCA, Andrés Vázquez.

Rodríguez sostuvo que se impartieron órdenes directas para detener la investigación a funcionarios locales, entre ellos Luis Tymkiw y Gustavo Capdeville, quienes se habrían negado por considerarlas ilegales y luego fueron removidos de sus cargos. También señaló presiones posteriores sobre otros agentes para interrumpir las fiscalizaciones en curso.

El caso gira en torno a una presunta operatoria de facturación apócrifa que superaría los $13.000 millones. Según el denunciante, la maniobra implicaría una evasión potencial de alrededor de $4.550 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias, además de posibles delitos como evasión, encubrimiento y abuso de autoridad.

Desde el organismo recaudador rechazaron las acusaciones y aseguraron que no hubo irregularidades. Indicaron que la fiscalización sobre el sindicato se tramita en otra jurisdicción y que los desplazamientos de personal responden a decisiones administrativas habituales. Según datos oficiales, desde enero de 2024 fueron relevados más de 1.800 cargos jerárquicos bajo criterios de reorganización interna.

Sin embargo, Rodríguez cuestionó esa versión y afirmó que la investigación sobre los proveedores del hotel sindical sí correspondía a la jurisdicción de Mar del Plata. “Jamás en 35 años observé irregularidades de esta magnitud”, sostuvo en su presentación judicial.

El denunciante pidió que la Justicia avance en una investigación por posibles delitos de coacción, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado. El expediente abre un nuevo frente judicial que involucra a organismos del Estado y a uno de los gremios más influyentes del país.