En medio de la disputa por el financiamiento del sistema universitario, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir fondos a las universidades. La decisión fue adoptada por el juez de primera instancia Martín Cormick, a la espera de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución alcanza a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establecen la recomposición de salarios docentes y nodocentes, así como la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. En la práctica, lo que queda en suspenso es la posibilidad de ejecutar judicialmente el cobro de esas obligaciones por parte del Estado.

La medida responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el pasado 17 de abril presentó un recurso extraordinario federal para llevar el caso al máximo tribunal. Ese planteo se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III, que deberá definir si habilita la instancia ante la Corte.

El mismo tribunal había fallado previamente a favor del Consejo Interuniversitario Nacional el 31 de marzo, confirmando la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley y actualizar los fondos destinados a las universidades.

Desde el CIN aclararon que la nueva resolución no implica una definición de fondo y anticiparon que será apelada. “Mientras tanto lo vamos a recurrir”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la discusión central —la constitucionalidad y aplicación de la ley— sigue abierta.

En la misma línea, el equipo legal de las universidades consideró que la decisión “carece de sustento jurídico” y ya trabaja en su impugnación. El efecto concreto del fallo es otorgar carácter suspensivo a la ejecución de la cautelar hasta que la Corte Suprema se expida sobre el recurso del Gobierno.

Desde el frente sindical, en tanto, interpretaron la medida como un paso procesal. Según indicaron, los fallos favorables a las universidades continúan vigentes, pero se suspenden temporalmente las acciones para exigir su cumplimiento.

La secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, fue crítica con la decisión judicial. “Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo”, sostuvo.

El conflicto por el financiamiento universitario suma así un nuevo capítulo judicial, con impacto directo en salarios, becas y funcionamiento del sistema, mientras se aguarda una definición del máximo tribunal.