El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), una medida que forma parte del proceso de reducción del empleo público impulsado por la gestión de Javier Milei. Desde los gremios del organismo advierten que la iniciativa podría derivar en la eliminación de unos 2500 puestos de trabajo.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se establece la implementación del denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), un mecanismo que permite la desvinculación laboral por acuerdo entre el organismo y el trabajador.

El esquema se apoya en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la extinción del vínculo laboral por “voluntad concurrente” de ambas partes. Para que el acuerdo tenga validez, deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad laboral competente y posteriormente ser ratificado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Según la normativa, podrán adherirse los empleados que cuenten con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo previsional. Sin embargo, el texto aclara que la solicitud del retiro constituye un acto voluntario del trabajador y que su aprobación dependerá exclusivamente de la evaluación de ANSES, sin que esto genere un derecho automático a obtener el beneficio.

El régimen también fija una serie de exclusiones. No podrán acceder al programa quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes se encuentren bajo sumarios disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia previamente, así como los agentes mayores de 62 años. Tampoco podrán adherir aquellos que mantengan litigios laborales con el organismo, salvo que desistan expresamente de las acciones judiciales.

El plazo para inscribirse en el programa se extenderá hasta el 5 de abril de 2026. En los casos de trabajadores que se encuentren de licencia anual o por maternidad, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de ese período.

Otro de los puntos sensibles del esquema es el que involucra a los representantes sindicales. La normativa establece que los empleados que posean mandatos gremiales vigentes deberán renunciar previamente a su cargo y a la tutela sindical para poder adherir al plan, situación que deberá acreditarse ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

Desde el sindicato SECASFPI, que representa a trabajadores del organismo, ya venían alertando sobre posibles recortes. Fernando Toledo, integrante de la comisión directiva nacional del gremio, había señalado que en el sector se manejaba la posibilidad de miles de desvinculaciones bajo distintas modalidades.

En la misma línea, el secretario general del sindicato, Carlos Ortega, comparó el escenario actual con el proceso de reestructuración del Estado que se produjo durante la década de 1990. Según sostuvo, existe un proceso de reducción progresiva de funciones dentro del organismo que termina debilitando su estructura.

El dirigente también recordó el rol que ANSES tuvo en la expansión de políticas sociales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando el organismo ganó centralidad en la implementación de programas de inclusión previsional y asistencia social.

La puesta en marcha del plan abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los trabajadores del organismo previsional, en un contexto de ajuste del gasto público y reorganización de la estructura estatal. Si se concretan las previsiones que manejan los gremios, el recorte podría convertirse en uno de los más significativos dentro de la administración pública en los últimos años.