El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo salió al cruce de las empresas del sector pesquero y rechazó “de manera tajante” el intento de eliminar la figura del segundo patrón a bordo de los buques, al advertir que la medida responde a un objetivo de reducción de costos y compromete la seguridad de la navegación.

El gremio, conducido por el capitán Mariano Moreno, desmintió además los argumentos de la cámara empresaria CAPEAR ALFA, que había señalado una supuesta falta de oficiales habilitados y cuestionado la normativa vigente.

Cruce por la normativa y las dotaciones mínimas

Desde el sindicato aclararon que la obligación de contar con un segundo patrón no surge de una norma “vetusta”, como plantearon las empresas, sino de disposiciones actuales de la Prefectura Naval Argentina, específicamente de la Ordenanza Nº 3-09 que establece las dotaciones mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y la protección ambiental.

En ese marco, remarcaron que el decreto citado por las empresas (Nº 4516/73) se encuentra derogado y que las exigencias actuales responden a estándares vigentes en materia de navegación.

Denuncian maniobras para flexibilizar requisitos

El titular del gremio sostuvo que existe personal suficiente para cubrir las vacantes y denunció prácticas irregulares por parte de algunos armadores.

“Hay empresas que, en complicidad con agencias marítimas, informan a la Prefectura que no hay oficiales habilitados para intentar embarcar personal con menor calificación, sin consultar a las organizaciones sindicales”, advirtió.

Según explicó, esta maniobra buscaría eludir los requisitos establecidos en la normativa vigente y reducir costos laborales.

Riesgos operativos y responsabilidades

El sindicato también alertó sobre los riesgos que implicaría reemplazar oficiales por marineros en funciones clave de conducción. “Un marinero no cuenta con la formación, los cursos ni las habilitaciones necesarias para asumir esas responsabilidades”, indicaron.

En esa línea, subrayaron que una decisión de ese tipo “vulnera las condiciones de seguridad de la vida humana en el mar” y podría derivar en responsabilidades penales, administrativas y civiles ante eventuales incidentes.

Un conflicto con trasfondo económico

Finalmente, desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo señalaron que el planteo empresarial tiene un trasfondo estrictamente económico.

“Entendemos la situación del país, pero no vamos a permitir que por un ahorro se reemplace a oficiales capacitados por personal sin la formación adecuada, afectando además a trabajadores de la Marina Mercante que cumplen con todos los requisitos y hoy ven restringidas sus posibilidades de embarque”, concluyeron.

El conflicto suma un nuevo capítulo en la tensión entre sindicatos y empresas del sector pesquero, en un contexto marcado por la presión para reducir costos y las advertencias gremiales sobre el impacto en la seguridad laboral.