Un grupo de empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encendió una fuerte señal de alerta: redujeron los servicios hasta un 25% y advirtieron que podrían no pagar los salarios si el Gobierno nacional no otorga asistencia inmediata o cancela deudas pendientes.

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisci, explicó que la decisión responde al fuerte incremento de los costos operativos, en particular el precio del combustible. “Tuvimos que racionalizar el servicio porque el aumento del gasoil llegó a niveles siderales”, sostuvo.

Según detalló, la reducción de frecuencias comenzó la semana pasada y afecta a líneas del denominado grupo suburbano I, que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad, como las líneas 152, 59, 15 y el “blanquito” de Quilmes. La merma en la circulación oscila entre el 20% y el 25% de manera preventiva.

Tenisci aclaró que la medida no es voluntaria, sino consecuencia de una situación crítica. “Nosotros estamos para brindar servicio, pero no tenemos otra alternativa”, afirmó, y remarcó que desde hace más de diez días el sector intenta abrir un canal de diálogo con las autoridades sin resultados concretos.

El problema, explicó, no solo radica en el aumento de precios, sino también en la dificultad para conseguir gasoil. En ese sentido, apuntó a YPF por demoras en la entrega y aseguró que otras petroleras tampoco están garantizando el suministro. “No existe el gasoil subsidiado y tenemos que pagar al contado para evitar precios aún más altos”, indicó.

A la par, las empresas reclaman el pago de subsidios adeudados correspondientes a diciembre y parte de febrero. “Estamos en abril y en dos días tenemos que afrontar los salarios”, advirtió el dirigente.

El escenario, según planteó, es inminente: si no se acreditan fondos antes del martes, las compañías no podrán cumplir con el pago de haberes el miércoles, cuarto día hábil del mes.

Finalmente, Tenisci rechazó que se trate de un lockout patronal y defendió la reducción del servicio como una medida de emergencia. “Es una racionalización para sostener el sistema. Si no, el colapso sería total y todos los colectivos quedarían parados”, concluyó.

El conflicto suma tensión al sistema de transporte del AMBA y abre un frente de incertidumbre tanto para los usuarios como para miles de trabajadores del sector.