Trabajadores de la planta cordobesa de Dioxitek S.A. denunciaron la ocurrencia de al menos dos incidentes internos que habrían implicado exposición a dióxido de uranio y señalaron presuntas irregularidades en el manejo de materiales radiactivos. La empresa, que produce el combustible nuclear utilizado en las centrales Central Nuclear Embalse, Atucha I y Atucha II, depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Las denuncias, difundidas por el diario La Voz del Interior, surgieron de testimonios de empleados que pidieron reserva de identidad. Según esos relatos, uno de los episodios habría involucrado la rotura irreversible de una máquina y otro una presunta fuga de uranio a través de una tubería dentro de las instalaciones ubicadas en el barrio Alta Córdoba.

Los trabajadores sostienen además que no se habrían reportado adecuadamente los hechos a los organismos de control, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), responsables de la supervisión en materia de seguridad nuclear.

Desde la conducción de Dioxitek rechazaron las acusaciones y cuestionaron la veracidad de las fuentes citadas en las publicaciones periodísticas. La compañía, encargada de producir dióxido de uranio (UO2) de grado cerámico, había informado en 2025 una producción récord de 190 toneladas, insumo estratégico para el sistema energético nuclear del país.

Señalamientos sobre seguridad

Además de los supuestos accidentes, los denunciantes advirtieron sobre presuntas prácticas irregulares en el tratamiento de residuos nucleares, como el lavado de indumentaria de protección sin el debido tratamiento del agua residual, almacenamiento inadecuado de desechos potencialmente contaminados y falta de controles médicos periódicos sobre la exposición del personal.

Las críticas se producen en paralelo a la aprobación del Presupuesto 2026 para la empresa, que proyecta un superávit de 775 millones de pesos sobre gastos operativos superiores a 25.500 millones. Según los denunciantes, ese equilibrio financiero estaría acompañado por un deterioro en la cultura interna de seguridad.

La controversia adquiere mayor relevancia dado que la planta se encuentra emplazada en una zona urbana de la ciudad de Córdoba, lo que incrementa la sensibilidad pública ante cualquier eventual incidente vinculado a materiales radiactivos.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales de los organismos reguladores respecto de los hechos denunciados.