El sistema de salud argentino enfrenta una amenaza que no proviene de virus ni déficits económicos, sino de los tribunales de justicia. Así lo advirtió la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que emitió un duro informe alertando sobre el posible colapso de clínicas privadas por lo que denomina una “judicialización descontrolada”.

Según la entidad, más del 65% de la población se atiende a través de guardias e internaciones clínicas que hoy están en riesgo por el crecimiento exponencial de juicios laborales y por mala praxis, así como por fallos judiciales sin sustento técnico. “El sistema sanitario está en una situación crítica por un fenómeno más corrosivo que los problemas económicos: la judicialización arbitraria”, sostiene el documento difundido por CAPRESS.

Los prestadores denuncian que indemnizaciones millonarias en dólares, junto a sentencias que ignoran las condiciones reales de trabajo y las limitaciones financieras del sector, están generando un clima de inseguridad jurídica que frena inversiones, expulsa profesionales y amenaza con el cierre de servicios críticos como guardias e internaciones.

Reforma laboral para el sector salud: el pedido urgente

Frente a este escenario, CAPRESS reclama una reforma normativa integral, que incluya una legislación específica para el ámbito sanitario. Entre las principales propuestas se destacan:

• Creación de una Comisión Técnica Nacional que emita dictámenes previos y vinculantes sobre la responsabilidad profesional médica antes de que una demanda llegue a la justicia.

• Régimen jurídico-laboral diferenciado, que distinga entre vínculos autónomos y relaciones de dependencia.

• Límites a la actualización judicial de indemnizaciones, considerando la capacidad económica real de los prestadores.

• Incorporación de instrumentos legales contra litigios temerarios o extorsivos.

• Declaración del sistema de salud como sector esencial, con garantías especiales frente a decisiones judiciales que puedan afectar su funcionamiento.

“No se trata de eliminar derechos ni responsabilidades, sino de establecer criterios técnicos y realistas que protejan tanto a los pacientes como a los trabajadores, sin arrastrar al sistema a su desaparición”, concluyó CAPRESS, que reclama una respuesta inmediata del Congreso Nacional.