La conducción nacional de la UOCRA resolvió reforzar su presencia en Mendoza ante el conflicto que atraviesan trabajadores de la construcción vinculados a obras en la refinería de YPF, ubicada en Luján de Cuyo. Para ello, designó al dirigente Ángel López como delegado con funciones específicas en la zona.

La decisión responde a la necesidad de encauzar una situación que generó tensiones laborales y preocupación dentro del gremio, especialmente por el impacto en el empleo y la afiliación sindical.

Despidos y negociación en curso

El conflicto se originó tras la desvinculación de alrededor de 800 trabajadores que participaban en obras de ampliación y mantenimiento dentro del complejo industrial. Si bien desde el sindicato aseguran que el escenario comenzó a estabilizarse, todavía permanecen abiertos reclamos vinculados a reincorporaciones y condiciones laborales.

En este contexto, la presencia de López apunta a seguir de cerca las negociaciones con las empresas involucradas y garantizar el acompañamiento a los trabajadores afectados.

Reordenamiento interno

La llegada del delegado nacional también se da en medio de cambios en la conducción local. El secretario general mendocino, Miguel Ponce, se encuentra de licencia por motivos de salud, por lo que la conducción quedó transitoriamente a cargo de Aurelio Guevara.

Desde la organización descartaron una intervención formal de la seccional, aunque admitieron la necesidad de un seguimiento más cercano del conflicto.

Disputa por la representación

Otro de los puntos que encendió alarmas en la UOCRA fue el traspaso de trabajadores hacia el SUPEH, el gremio que nuclea a los empleados petroleros. Este movimiento generó preocupación en la conducción nacional, que busca evitar una pérdida de afiliados en un contexto de alta conflictividad.

Un escenario sensible

La designación de López se inscribe en una estrategia más amplia del sindicato, liderado por Gerardo Martínez, para fortalecer el control territorial y contener conflictos en sectores clave.

Con negociaciones aún abiertas y un panorama laboral inestable, el caso de Mendoza se convierte en un nuevo foco de tensión para el gremio de la construcción, en una actividad fuertemente golpeada por la paralización de obras y la caída de la inversión.