La crisis laboral en la industria alimenticia sumó un nuevo capítulo con el testimonio de Miguel Maciel, uno de los trabajadores despedidos de la empresa Georgalos, quien denunció un proceso de ajuste interno, suspensiones y un supuesto escenario de “falsa crisis” en la compañía.

Maciel, quien aclaró que no es representante gremial sino “un trabajador más”, forma parte de un grupo de cinco empleados despedidos en junio de 2025. Actualmente, dos de ellos lograron la reincorporación provisoria mediante una medida cautelar, mientras que los otros tres continúan fuera de la planta.

Denuncias de “industricidio” y caída del empleo

El trabajador describió un contexto crítico en la zona norte del conurbano bonaerense, particularmente en San Fernando, donde se ubica la planta de la firma.

“En los últimos meses se perdieron más de 100 mil empleos a nivel nacional y en nuestra zona vemos un industricidio terrible”, afirmó. En ese sentido, mencionó el cierre de otras fábricas cercanas y conflictos en empresas del sector como Fate, lo que configura un escenario de fuerte deterioro del entramado productivo.

Además, expresó preocupación por la decisión de la empresa de trasladar parte de su producción al exterior: “Nos enteramos de que uno de los productos se llevaría a China. Eso nos genera mucha incertidumbre”.

“No hay crisis, hay ajuste”

Uno de los ejes centrales del reclamo es la supuesta inconsistencia entre el discurso empresarial y la actividad real de la firma.

“Dicen que hay crisis, pero vemos exportaciones a Chile, Uruguay y Estados Unidos, inversiones millonarias y campañas publicitarias. Entonces, ¿dónde está la crisis?”, cuestionó Maciel.

En esa línea, sostuvo que la empresa mantiene una posición dominante en el mercado local con productos emblemáticos como el Mantecol, lo que —según su visión— descarta una situación de emergencia económica.

También denunció la aplicación de suspensiones bajo el artículo 223 bis, con rebajas salariales del 20%, avaladas —según indicó— por el Ministerio de Trabajo y convalidadas en la práctica por el sindicato, pese a rechazos formales.

Condiciones laborales y conflicto judicial

Maciel detalló además las condiciones que atraviesan los trabajadores reincorporados: “No nos permiten volver a nuestros puestos originales. Nos asignan tareas aisladas, con vigilancia constante y restricciones para interactuar con compañeros”.

Según relató, estas situaciones ya fueron denunciadas judicialmente como parte de un proceso que involucra a distintos juzgados laborales.

El origen del conflicto, explicó, se remonta a mayo de 2025, cuando los trabajadores denunciaron cambios en las condiciones de trabajo —reducción de personal en líneas de producción y mayor exigencia física—. Tras una medida gremial, cinco empleados fueron despedidos bajo acusaciones que califican como “infundadas”.

Salarios por debajo de la canasta

En cuanto a los ingresos, el trabajador indicó que el salario básico ronda los 1,3 millones de pesos, aunque con descuentos y variables puede ubicarse por debajo del millón.

“Para una persona sola puede alcanzar, pero para una familia estamos por debajo de la canasta básica”, afirmó, al tiempo que denunció pérdida de poder adquisitivo y presión sobre los ítems de productividad.

Críticas al sindicalismo y llamado a un plan de lucha

Maciel también apuntó contra la dirigencia sindical y la CGT por considerar insuficientes las medidas adoptadas frente al avance de reformas laborales.

“Esperábamos que el movimiento sindical estuviera a la altura de este momento histórico, pero no fue así”, sostuvo, y reclamó un plan de lucha “activo y unificado” entre las distintas centrales.

Asimismo, advirtió que el caso de Georgalos puede convertirse en un antecedente para la implementación de reformas laborales en otras empresas: “Somos un ejemplo que no elegimos, pero que muestra cómo quieren avanzar sobre los derechos”.

Apoyo político y visibilización

El conflicto cuenta con el acompañamiento de sectores políticos y sindicales, además de la solidaridad de otros trabajadores. Sin embargo, Maciel señaló la falta de pronunciamiento de autoridades locales frente a la situación particular de la empresa.

“Cuando hablamos de 500 o 600 trabajadores, hablamos de familias. Es una situación muy grave”, concluyó.

Mientras continúan las acciones judiciales y gremiales, los trabajadores mantienen el reclamo por la reincorporación de los despedidos y denuncian un escenario de ajuste que, aseguran, no se condice con la realidad económica de la empresa.