La Justicia laboral atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años, marcada por la falta de jueces, la parálisis en los procesos y una Corte Suprema que, según fuentes judiciales y gremiales, elige esperar los tiempos políticos antes de resolver causas clave que afectan directamente al Gobierno Libertario, entre ellas el mega DNU 70/2023.

Vacantes y colapso del fuero

De los 80 juzgados de primera instancia, 30 están vacantes. En la Cámara Nacional del Trabajo, de las 10 salas, solo 3 funcionan con sus tres integrantes; en las restantes faltan jueces. El déficit impacta en la duración de los procesos, lo que extiende el cobro de indemnizaciones cada vez más lejos del momento del despido.

A este panorama se suma la indefinición de la Corte respecto de qué esquema de tasas de interés debe aplicarse. Hoy, cada sala fija su propio criterio: desde el IPC + 3% hasta fórmulas que generan indemnizaciones multimillonarias, con casos que superan los 700 millones de pesos.

Un laberinto jurídico sin salida

La falta de uniformidad genera distorsiones notables. Por ejemplo, al calcular actualizaciones de créditos laborales, no está claro si corresponde aplicar la tasa nominal anual (capitalización una vez al año) o la efectiva anual (capitalización mensual). La diferencia es enorme: lo que bajo un esquema da 100, bajo el otro puede trepar a 150.

Intentos previos de la Cámara por aplicar el CER o el SER fueron rechazados por la Corte, que también desestimó la aplicación del artículo 770 del Código Civil sobre capitalización de intereses. El resultado es un sistema fragmentado, con miles de causas en un “limbo jurídico”.

La política detrás de la omisión

Para algunos actores del fuero, la actitud de la Corte responde a un cálculo político. “Hay un trabajo de omisión deliberada, a la espera de la definición electoral. Incluso influye el debate por la posible ampliación del máximo tribunal, que recién se activaría con un nuevo Congreso”, afirmó un dirigente gremial consultado.

Un juez de la Cámara Nacional del Trabajo coincidió: “La Corte tiene cajoneado el recurso extraordinario del Gobierno contra el fallo que declaró inconstitucional el Título IV del DNU 70/2023, que contenía las reformas laborales. Esa sentencia de 2024, dictada por unanimidad, protegía a todos los trabajadores del país. El recurso del Estado duerme hace más de un año y medio en el despacho de la Corte”.

Un escenario incierto

La situación se agrava con fallos como el caso Ferraris contra Levinas, en el que la Corte habilitó la injerencia del Tribunal Superior de Justicia porteño, generando nuevas controversias en la jurisdicción. “Eso derivó en cientos de causas atrapadas en un limbo procesal, sin resolución firme”, advirtió un abogado laboralista.

Mientras el fuero laboral se hunde en demoras y vacantes, y miles de trabajadores esperan cobrar indemnizaciones justas, la Corte Suprema administra sus tiempos en función de la política. El resultado es un sistema colapsado, con sentencias cruciales que podrían definir el rumbo laboral del país, pero que permanecen en pausa a la espera del nuevo escenario electoral.